A propósito del reglamento de la Ley 169/14 sobre naturalización se ha buscado otra vez manipular, con el pernicioso interés de exacerbar odios y resentimientos, los conceptos de migración y nacionalidad. Sin descartar, por supuesto, que algunos que han encontrado vigencia como corifeos de nuevo cuño de sectores recalcitrantes, se presten por necesidad al juego para confundir los sentimientos patrios. Tras la inaudita sentencia sobre la nacionalidad del Tribunal Constitucional, que por convertir en parias a cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana propició un verdadero tsunami contra República Dominicana en el plano internacional, el buen juicio imponía la salida que se exploró para corregir lo que estaba mal. Primero con la legislación que establece un régimen especial para los nacidos aquí e inscritos de manera irregular en el Registro Civil y luego con el reglamento que tanto ha indignado a esa casta antihaitiana que enarbola como bandera el nacionalismo.
Quienes reivindican el aspecto migratorio para justificar las desnacionalizaciones suelen sacaliñar el costo que representa para el Estado la asistencia a las parturientas haitianas que, por ejemplo, utilizan para alumbrar hospitales dominicanos y otros servicios. Pero como no hay más ciego que quien no quiere ver, ignoran que los inmigrantes haitianos que trabajan en la construcción, en la producción agrícola, en servicios domésticos y en otras áreas, lo hacen, sean legales o ilegales, sin contrato que los ampare.
El problema de la sentencia 168/13 es que despoja de la nacionalidad a cientos de miles de dominicanos bajo el pretexto de descender de inmigrantes ilegales a partir de 1929. Profesionales, deportistas (entre estos algunos que han defendido con éxito la enseña nacional en competencias internacionales), artistas y cientos de miles de personas estaban en un limbo hasta que se aprobó, tal cual luz en las tinieblas, el régimen especial a través del cual el Estado reconoce el derecho que se les había conculcado a esos compatriotas. La Ley 169-14 restauró el daño que el odio, la persecución, la inquina y la discriminación habían causado a esta nación en una época en que la diversidad se ha impuesto a la intolerancia como norma planetaria.
Para cumplir con los mandatos legales, sin dar lugar como no sea a arrebatos, el presidente Danilo Medina, quien desde un primer momento ha estado al lado de una salida justa, legal y humana, promulgó el reglamento de la legislación que consigna el régimen especial de naturalización. Ha tenido la delicadeza de consignar un plazo de 10 días para que personas, organizaciones e instituciones interesadas en formular comentarios, observaciones, sugerencias o enmiendas puedan hacerlo antes de la normativa entrar en vigencia de manera definitiva. Lo censurable no ha sido el reglamento, sino la sentencia 168/13.
