Con la honrosa excepción de los siete meses del gobierno democrático, liberal, ético y transparente del profesor Juan Bosch (1963), el repudiado e irritante germen de la corrupción administrativa, lamentablemente, ha sabido mantenerse y acomodarse en el seno de nuestras clases sociales, para entonces, desde allí, operar y realizar cuántas perversidades le sean permitidas.

En consecuencia, no son pocos los miles y miles de millones de pesos dominicanos, provenientes de los fondos públicos y, por tanto, perteneciente al Estado dominicano que, de manera directa o indirecta, han ido a parar a manos inescrupulosas de particulares; seres humanos que para nada les preocupa su imagen y moral pública.

Por espacio de más de cincuenta años, el erario ha sido pésimamente administrado por algunos malos funcionarios, quienes abusando de la confianza que le ha otorgado el jefe de la administración pública, entiéndase el presidente de la república, descaradamente violentan las normas y los procedimientos básicos para una gestión de calidad y de un comportamiento ético y transparente.

Los hacedores de la corrupción deberían saber que esas malas acciones, criminales por siempre, han provocado el aumento de las deudas internas y externas; han incrementado la pobreza, generando altos niveles de inseguridad ciudadana y, por vía de consecuencia, motorizando la violencia social.

Más aún, han arrebatado oportunidades únicas a los humildes contribuyentes en áreas tan neurálgicas como son: salud, educación, vivienda, bienestar social, justicia, deporte, medio ambiente, turismo, cultura y otras no menos importantes.

A todas luces, venimos arrastrando males que obstaculizan un crecimiento saludable y un desarrollo armónico en términos económico,