LIMA, PERU, (AP).- Un audio se sumó el viernes al escándalo de corrupción que remece al sistema judicial de Perú y alcanzó al nuevo fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry, al tiempo que más de mil campesinos quemaron expedientes de una fiscalía y por la noche el parlamento removió a los poderosos electores de jueces.
En la grabación se escucha al desprestigiado juez César Hinostroza de la Corte Suprema pidiéndole a Chávarry que lo ayude y le entregue una constancia y varias copias de resoluciones que certifican que investigaciones fiscales en su contra por enriquecimiento ilícito han quedado archivadas.
Hinostroza conversó en febrero de este año con Chávarry porque necesitaba esa constancia para poder tramitar su visa a Estados Unidos, lo cual consiguió, ya que sí viajó a ese país, según datos de la agencia migratoria peruana.
No hice “nada irregular”, dijo Chávarry a la televisora local N. El nuevo fiscal general tiene otro audio donde conversa con Hinostroza sobre su decisión secreta de cambiar del cargo a un colega que lo incomoda en el colegio de capacitación de jueces y fiscales.
Los expertos dicen que no existirían delitos en esas conversaciones, pero muestran una cercanía sospechosa con el juez supremo, quien estaría en el centro de la red de corrupción. Hinostroza llama “Gonzalito” al fiscal general y éste a su vez le dice “hermanito”.
Chávarry asumió el cargo en una ceremonia a la cual no asistió el presidente Martín Vizcarra ni el primer ministro César Villanueva, quien el viernes por la mañana pidió a Chávarry apartarse del cargo. La fiscalía “merece una cabeza que no tenga sospechas o sombras de duda”, declaró el primer ministro a la televisora N.
Mientras se producía el cambio en la Fiscalía General, más de mil campesinos ingresaron a la sede de una fiscalía y del poder judicial en la provincia andina de Sihuas, arrojaron a la calle papeles judiciales y los quemaron en protesta contra sus autoridades judiciales, a quienes ligaron con la corrupción.
Rina Rodríguez, representante de la Defensoría del Pueblo, dijo a The Associated Press que los campesinos piden el cambio de sus jueces y fiscales, a quienes acusan de demoras y comportamiento parcial en casos de hurtos y asesinatos.
El jueves, miles de peruanos hartos de la corrupción judicial protestaron en casi todas las ciudades principales del país. Según encuestas, el 80% de los peruanos desaprueba al Poder Judicial.
El escándalo empezó hace dos semanas cuando el portal noticioso de investigación IDL-Reporteros y el programa televisivo Panorama difundieron audios que mostraban una compleja y extensa red integrada por magistrados, empresarios, electores, autoridades educativas y legisladores que traficaban favores, en algunos casos incluso a cambio de dinero.
El escándalo derivó en la renuncia del presidente de la Corte Suprema y del ministro de justicia.
Pero lo que más indignación provocó fue una conversación entre Hinostroza y una persona no identificada sobre un juicio por la violación de una menor en la que Hinostroza dice: “11 añitos, está desflorada… voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?”
El Parlamento aprobó la expulsión de los siete poderosos electores el viernes en la noche luego que Vizcarra solicitara al legislativo usar un artículo de la Constitución que lo permite.
Los electores, que pertenecen al Consejo Nacional de la Magistratura, cayeron en el mayor desprestigio luego de aparecer en varios audios intercambiando favores con jueces y empresarios.
Walter Ríos, quien fuera hasta hace poco jefe de la corte judicial del puerto más importante de Perú, fue detenido por 18 meses. Antes de ser llevado a prisión dijo que esperaba que se difundan más audios “para que se sepa quiénes me han llamado pidiendo favores”.
El escándalo también tiene efectos claves en la política de Perú. En otro audio, un empresario ligado al partido Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, le dice a Hinostroza que “la señora K” de la “fuerza número uno” quiere reunirse con él.
Una parlamentaria de Fuerza Popular identificó a “la señora K” como Keiko Fujimori, pero añadió que la cita no se concretó. Hinostroza debía resolver en las próximas semanas si continuaba o no una investigación fiscal por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y su esposo.
