A raíz de la horrible muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras, se tejieron muchas conjeturas que giraban en torno a la tipificación del crimen. Diversos criterios de debatieron, principalmente entre abogados litigantes y sectores de la población, sobre los motivos de la acción criminal.

Las reacciones que originó la tragedia, surgieron después de la rueda de prensa de la procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo, donde anunciaba algunos pormenores del execrable crimen, dejando muchos cabos sueltos, enfocando la tesis de que la víctima estaba extorsionando al director de la OMSA, Manuel Rivas, y que empleados de la institución decidieron, por su cuenta, poner fin con la vida del profesional del derecho y activista anticorrupción, lo que provocó indignación en la familia y amigos del occiso.

En los corrillos políticos, circulaba la versión de que se trataba de un crimen de Estado, el cual fue planeado y ejecutado por instancias ligadas al Poder Ejecutivo, hipótesis que no tiene ningún asidero. Sin pretender ser un apologista del presidente Danilo Medina, nadie cree que puede ser capaz ni siquiera de insinuar un atentado contra un opositor, pues ha dado pruebas de respeto a las libertades públicas, principalmente a la libre expresión y difusión del pensamiento.

Reconocer una prenda en una persona es alejarse de la mezquindad en este análisis de carácter jurídico que, por razones de espacio, no podríamos extendemos, pero queremos dejar constancia que ningún lazo nos une al PLD, y mucho menos al primer mandatario, a quien no conocemos. Asimismo, se puede afirmar que el expresidente, Leonel Fernández, tampoco es proclive a patrocinar crímenes políticos.
Lo que es censurable que varios actos de corrupción hayan desencadenado en hechos de sangre que le han costado la vida a varios ciudadanos, entre ellos, se puede citar el suicidio de un arquitecto en un baño de la OISE, acorralado por chantaje y extorsión de funcionarios de ese organismo, y la muerte de dos locutores de San Pedro de Macorís, cuyo motivo fue el destape de la corruptela en el Consejo Estatal del Azúcar. Y no se puede concebir que los robos a las arcas del Estado, degeneren en crímenes espeluznantes.