Es tanto el acíbar que se vierte sobre la situación de la economía y sus perspectivas de crecimiento, que sería muy difícil que detractores de oficio reconozcan el sentido de equilibrio impregnado al Presupuesto General del Estado para 2018.
El estimado de ingreso en ese instrumento asciende a 814 821 millones de pesos, un incremento superior a los 64 mil millones con respecto al que se ejecuta este año, y con énfasis en la continuidad de obras sociales y dinamización de la economía.
De nuevo, el Gobierno apuesta al equilibrio presupuestal, basado en mejorar los ingresos por vía de una mayor eficiencia en la Administración Tributaria, de la cual proyecta obtener unos 600 millones de pesos adicionales.
Se afirma que el 25% del monto estimado en el Presupuesto 2018, sería destinado al servicio de la deuda, pero no se resalta que el déficit fiscal, en vez de incrementarse, se reduciría en un punto porcentual, lo que indica que la economía posee capacidad de pago y que el nivel de endeudamiento se corresponde con el dinamismo económico.
En ese proyecto se garantiza la continuidad de los programas sociales y del respaldo a las Pymes, que forman la base de la gobernabilidad y de la equidad, como también se resalta el cumplimiento del 4% a la educación, que dispondría de un monto de 153 mil millones de pesos.
El sector salud, otro pilar en los anhelos ciudadanos de equidad social, ha recibido un buen espaldarazo, si se toma en cuenta las limitaciones de los ingresos, al consignársele una partida general de más de 88 mil millones de pesos, incluidos once mil para remodelación de hospitales.
El monto presupuestal refleja la baja presión tributaria que signan los ingresos fiscales, con el agravante de que aquí tenemos una fiscalidad injusta caracterizada por la evasión y elusión, de sectores que se alzan con la más alta rentabilidad derivada del crecimiento de la economía.
Las urgencias nacionales no pueden ser atendidas por ningún gobierno con la celeridad que reclama la población, a menos que la sociedad pacte un acuerdo fiscal para incrementar la presión tributaria hasta un 18% en proporción al PIB.
Es claro también que el Gobierno debe expandir y consolidar los niveles de transparencia y eficiencia en el manejo y distribución de los recursos públicos, lo que pasa por la previsión y condena a toda forma de prevaricación, evasión o elusión.
Ojalá que en torno al proyecto de Presupuesto se desarrolle un debate sano, útil y práctico, para que el Congreso pueda evaluar su profundidad y alcance y formular las enmiendas que crea pertinentes.
De antemano resulta fácil demostrar que se trata de una pieza equilibrada, armónicamente distribuida y con un elevado sentido social, que refleja el pasaje bíblico sobre la justa repartición de panes y peces, pero sin poder multiplicarlos.
