Ha sido largo, tortuoso y descarado el camino de la precaria institucionalidad dominicana. Con la agravante de que ni parece acortarse, ni tampoco cesan la sinuosidad y la afrenta. Al contrario, si algo en algún momento parece tener atisbos de cambios, es para que las cosas continúen irremisiblemente iguales.

En ese sentido, el sistema judicial no ha sido la excepción. Lejos de ser parte de la solución, es un elemento consustancial del problema, con todas las consecuencias que eso acarrea por el trascendental papel que está llamado a jugar en la creación, preservación y engrandecimiento de un Estado democrático de derechos. Es una pata imprescindible de una mesa que no termina de estabilizarse.

Como suele suceder, la clase política gobernante del país se ha mostrado intransigente en su obstinación por ejercer un férreo control del aparato judicial como mecanismo infalible de preservación del poder y garantía de impunidad. Sacar a Joaquín Balaguer del Palacio, aun fuere de manera nominal, no fue posible en 1978 sin antes concederle, sin los votos que lo avalaran, mayoría en el Senado, instancia que a la sazón seleccionaba los jueces de la Corte Suprema.

En esa historia que ha convertido en añicos la supuesta independencia de la justicia, el PLD ha significado una reiteración del cuento. Ha diseñado un sistema judicial para que esté colocado a su servicio político. Eso ha abarcado tanto a jueces como a representantes del Ministerio Público a través del artilugio de hacer miembros de carrera a compañeritos que no pueden cuestionar órdenes impartidas por aquellos que tienen el control de su permanencia en los cargos.

Que un sistema no asuma la finalidad para la que existe no implica que algunas de sus partes no sean funcionales. Nadie puede escamotear el hecho de que existen jueces y fiscales de gran valía, pero impedidos de propiciar que el sistema como tal resulte idóneo.

Esto es lo que explica lo que está ocurriendo. Una lucha política por el poder teniendo manifestaciones en el ámbito judicial. Eso plantea dos cuestionamientos. ¿Constituyen las reacciones una auténtica repulsa ante los últimos acontecimientos y un sincero deseo de luchar por la instauración de un sistema judicial diferente o, por el contrario, lo que se persigue es un simple intento por revertir la actual correlación de fuerzas en el sector justicia? ¿Están todos los protagonistas dispuestos a pagar el precio de una justicia que funcione igual para todos?