La Asociación de Industrias (AIRD) denunció hoy que algunas agencias gubernamentales, presionadas por empresas importadoras están cambiando los pliegos de condiciones de procesos de licitaciones para eliminar las preferencias de compras de alimentos y productos de primera necesidad elaborados en el país a ser utilizados en programas de asistencia social.
Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la entidad, aclaró que tanto la Ley de Compras y Contrataciones, como el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), establecen la posibilidad de favorecer y privilegiar la adquisición de productos nacionales en los procedimientos para la adquisición de alimentos y comestibles para programas asistenciales del Estado.
En su declaración escrita la dirigente empresarial no cita ninguna de las instituciones del Gobierno en las que dice se han cambiado las condiciones para participar en las licitaciones.
Dijo que las disposiciones y requisitos de no discriminación estipulados en el capítulo que se refiere a las contrataciones públicas en el DR-Cafta (capítulo 9) no tienen que ser aplicados a los programas de compras gubernamentales para promover el alivio a la pobreza o la protección de mujeres, discapacitados, niños y adolescentes, especialmente en áreas rurales y en la frontera con Haití.
“Es necesario que nuestros funcionarios hagan conciencia de que, tal y como lo hacen todos los países del mundo, las instituciones del gobierno deben favorecer la adquisición de productos locales en los programas de asistencia social, alimentación escolar, comedores económicos y salud”, dijo.
Precisó que “no podemos creer que en este tipo de programas se piensen adquirir productos importados que se elaboran en abundancia en el país, tales como: arroz, azúcar, pastas alimenticias, harina de maíz, avena, aceite de soya, cocoa, salchichas, sazón y otros productos que de primera necesidad”.
Exhortó a las entidades del gobierno a cumplir con el compromiso asumido por el presidente Danilo Medina, con el sector industrial, de dar preferencias a los productos de fabricación nacional en las licitaciones de compras públicas, con el objetivo de generar riquezas y empleos en el país.
