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Denuncian proceder de EEUU en caso de sobrinos venezolanos

Denuncian proceder de EEUU en caso de sobrinos venezolanos

NUEVA YORK, EE.UU, (AP).- Los abogados de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, que se encuentran detenidos en Nueva York por supuestamente planear operaciones de tráfico de drogas, han acusado al gobierno estadounidense de enviar citaciones “inválidas e ilegales” a ciudadanos venezolanos para que testifiquen en el caso ante un jurado de instrucción en Manhattan.

Un documento presentado ante la corte por los abogados Randall Jackson y David Rody no especifica a qué venezolanos se enviaron las citaciones.

Los defensores aseguran que la fiscalía del distrito sur de Nueva York ha enviado las citaciones por mensajes de correo electrónico para que esos venezolanos testifiquen en Nueva York el 21 de octubre, unos días antes de que empiece la selección del jurado en el caso.

Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, se han declarado inocentes ante cargos de asociación delictiva para importar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Campo, de 29 años, y Flores, de 30, se encuentran detenidos en Nueva York desde noviembre.

Cilia Flores, a quien el presidente venezolano Nicolás Maduro llama la “primera combatiente”, es uno de los miembros más influyentes del gobierno socialista de Venezuela.

Según los abogados, las direcciones de correo electrónico a las que se enviaron las citaciones fueron encontradas en los teléfonos de Campo Flores y Flores de Freitas incautados por el gobierno estadounidense.

Jackson y Rody aseguran en su documento que es ilegal que el gobierno envíe citaciones a extranjeros que no están presentes en Estados Unidos y que también es ilegal enviar citaciones por mensaje de correo electrónico.

“Para el gobierno (estadounidense) aparentemente este es un caso de fuertes implicaciones políticas, en el que hay mucho en juego”, señalan los abogados en su documento. “Estas citaciones son un intento desesperado de engañar a ciudadanos venezolanos para que crean que están obligados a venir a Estados Unidos, y el gobierno pueda, así, encontrar cualquier prueba para salvar el caso justo antes del juicio”.

Portavoces de la fiscalía no respondieron de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de Associated Press.

Por otro lado, los abogados defensores han expresado su oposición a la propuesta de la fiscalía de realizar una audiencia esta semana para asegurar que los sobrinos aceptan proseguir el caso con sus actuales abogados a pesar del potencial conflicto de intereses existente debido a que los defensores de ambos son pagados por la misma persona.

En mayo ya se celebró una audiencia sobre este mismo tema, pero el diario Wall Street Journal publicó recientemente que esa persona es el empresario venezolano Wilmer Ruperti, quien admitió en el artículo que él paga esos sueldos y que lo hace para ayudar al gobierno venezolano.

El Nacional

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