No hay mejores adjetivos como los utilizados por el editorial de este periódico en su edición del pasado domingo, el cual tildó de burdo, rastrero y afrentoso, el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que incluyó al país en una lista negra por “la persistencia de la discriminación estructural contra personas de ascendencia haitiana o percibidas como tales”.

Realmente, nadie sabe cuáles derechos se violan a los nacidos en el vecino país, pues ninguna nación ha sido tan solidaria con ellos como la República Dominicana, como lo demuestra la ayuda masiva dada a raíz del terremoto, las atenciones en salud que tragan el 20 por ciento del presupuesto dedicado a ese sector, y que incluye un gasto de 70 millones de pesos para los nacionales ilegales que padecen del sida y la construcción de una universidad muy costosa en su propio territorio.

Nadie entiende la actitud permisiva del gobierno, que permite el desplazamiento de la mano de obra de nuestros desempleados. La CIDH, una dependencia de la OEA, entidad que en una ocasión Fidel Castro la denominó un Ministerio de Colonias, se está prestando a una urdimbre para fusionar la isla, en detrimento de nuestra soberanía que tanta sangre generosa nos ha costado, librando batallas contra intrusos de varias naciones.

La acusación alegre e infamante, recibió una respuesta contundente del gobierno del presidente Medina y la repulsa de sectores representativos que están alertas ante los planes siniestros contra la independencia.

El insolente informe, expresa que los derechos de los haitianos se violan de manera masiva, grave y sistemática, acusación que no tiene un ápice de verdad, y que no se corresponde con el trato afable, solidario. Y hasta acogedor que tienen los haitianos ilegales en nuestro terruño, pese al desafío que representan para la soberanía de la Patria.

Y hay tolerancia, desidia y dejadez para aplicar la ley, ordenando una deportación masiva, sin contemplaciones, dado que se venció el plazo otorgado por la normativa para su regularización, la cual no implica la concesión de residencias ni de nacionalidad.