El Estado dominicano, lejos de ser concebido como el facilitador de un proyecto de nación y como una entidad colocada al servicio de su población, ha devenido en el botín más deseado, tanto para los que lo dirigen como para los ciudadanos, quienes no lo visualizan como el eslabón fundamental de servicio público, sino como la mágica oportunidad de solucionar de forma fácil y para siempre, sus problemas materiales.
Los escasos intentos por establecer una Nación Integrada, han sido combatidos por quienes obtienen mucho mayor beneficio del desorden y la falta de institucionalidad que del establecimiento de reglas de juego claras y de una competencia regulada.
Un ejemplo muy oportuno lo ofrece el gobierno de Don Juan, cuyo único pecado consistió en intentar hacer realidad el juramento constitucional que hace todo presidente al ser instalado, el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes. Los esfuerzos que se proponía desarrollar esa gestión gubernamental, quedaron plasmados en la Carta Magna más democrática y avanzada que haya registrado nuestra historia, con el adicional de que estaría acompañada de la voluntad política requerida para convertirla en un instrumento vivo y de aplicación rigurosa, no el tristemente célebre pedazo de papel en que han devenido en los años posteriores a su derogación miserable.Bosch pagó con su derrocamiento el precio que consideró costaba la preservación de sus principios y valores. Tal como Salvador Allende entregó su vida en defensa del legado que le había transmitido su pueblo. Uno y otro lo hicieron sin espíritu de martirologio ni de inmolación inconducente, sólo por un ineludible sentido de la coherencia y una fidelidad innegociable a sus más elevados sentimientos democráticos.
Por encima de otras consideraciones, también de mucha validez histórica, en las causas esenciales que provocaron el final abrupto del gobierno digno de Juan Bosch, está la oposición radical que los segmentos más retardatarios de la sociedad dominicana presentan a todo esfuerzo por integrar una nación a partir de un modelo coherente y propiciador de un estado de mayor bienestar para las grandes mayorías y provisto de sentido de independencia y funcionamiento efectivo de los poderes públicos.
Resulta imposible desvincular la actual Desintegración Social que caracteriza a la sociedad dominicana, del eclipse sufrido en el propósito de establecer las avanzadas reformas sociales, económicas, políticas, educativas y culturales, contempladas en el proyecto de nación contenido en la Constitución de 1963. Nunca habremos lamentado lo suficiente las pérdidas que implicó para nuestra patria la interrupción súbita del más sentido anhelo que registra la historia dominicana por instaurar una auténtica democracia.
Tampoco habremos experimentado mayor sorpresa que la que produce contemplar a los supuestos legatarios de aquel personaje ilustre, impulsar una reforma constitucional que, lejos de ser, como debía, la reivindicación del pensamiento liberal y progresista del Profesor Bosch, es propulsora de un afianzamiento inaceptable de las tesis más conservadoras; del reforzamiento de los poderes casi omnímodos del presidente de la república y de un retroceso en la de por sí frágil institucionalidad democrática dominicana.
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