Estamos ante una nueva situación: la no inclusión de los que faltaban y exclusión de ocho “encartados” (tres de ellos del CP-PLD), ha desatado en esta sociedad y al interior del sistema de partidos, un ciclón político.

La indignación se ha multiplicado. El extraordinario respaldo recibido por la propuesta de Marcha del Millón contra la Corrupción indica que estamos a la puerta de un nuevo periodo de movilizaciones contundentes.

El posicionamiento del Movimiento Verde calificando de farsa ese proceso judicial, subrayando la inexistencia de orden judicial y llamando a movilizaciones, potenció la convicción de que el régimen imperante no admite salida institucional a la corrupción e impunidad.

Esa convicción crece más ante las nuevas evidencias de degradación del Congreso Nacional y el sistema de partidos de cara a grandes escándalos de corrupción y al pérfido abordaje de la ley de partidos. Y, sobre todo, ante demostraciones de que la jefatura del sistema corrupto y del régimen de impunidad está instalada en el Palacio Nacional, con fuerte vocación represiva.

El uso del expediente de Odebrecht para golpear selectivamente la oposición interna y externa al Gobierno ha profundizado fracturas y entrampado oficialismo y oposición electoralista.

Además, la amenaza de transformar este país en país minero, a beneficio de voraces trasnacionales y funcionarios corruptos y a costa de la desertificación del país, responde también al afán de supervivencia forzada de un régimen en crisis, ávido de sobornos e ingresos para seguir el despilfarro.

Los feminicidios repuntan dramáticamente, alimentados por el machismo en el poder y la impunidad entronizada. La impunidad protege todas las variantes de crímenes, abandono social, abuso de poder, explotación y discriminación. Y ella se basa en un sistema judicial corrompido y manipulado desde la Presidencia, sin que exista un Congreso independiente que lo modifique, ni tampoco mecanismos electorales confiables.

Salta a la vista que poderes e instituciones responden al mismo mando mafioso y conforman una dictadura constitucional disfrazada de democracia.

Entonces la demanda de destitución de este régimen brota por doquier y el pueblo en lucha tendrá que ordenarle pronto que se acabó su tiempo de gobernar. Los Mejía y Fernández y la oposición corrompida están también bajo el fuego del clamor de justicia.

A las calles habrá que ir con metas políticas más definidas, por lo que procede debatir y adoptar colectivamente decisiones trascendentes sobre ejercicio de Democracia de Calle,