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No es la Junta, es la ley

 

El debate público actual sobre la aplicación del sistema de escrutinio y conteo automatizado de los votos de las elecciones deja la impresión de que se trata de la confrontación entre un sector que defiende a capa y espada a la JCE y su presidente, Roberto Rosario, y otro que la adversa y cuestiona.

Los primeros consideran injustos e insensatos los cuestionamientos a una JCE que ha trabajado largo e intenso y con apertura al diálogo. El trabajo de los jueces de la JCE no ha sido del tamaño y la calidad que ellos creen y sus publicistas propagan, pero ha sido valioso.

Ahora bien, las elecciones no son, en ningún lugar, un acto de homenaje y premiación a nadie, es el momento supremo de confrontación pacífica, pero tensa, de fuerzas políticas que luchan por el poder y sus intereses.

La disposición de la JCE para la aplicación del sistema automatizado de escaneo y conteo de los votos en todo el país fue publicada como la Resolución No.64 del 17 de abril último. Si se lee con atención, y en paralelo la Ley Electoral, Ley 275-97, en sus artículos relacionados con el escrutinio, conteo, verificación, reclamos o impugnaciones y la conformación del padrón de concurrentes, encontrará que la resolución y la ley no cuadran, se oponen o anulan y en ese caso, según los juristas, “ley mata resolución”.

Además, esa resolución modifica sustancialmente el eslabón clave, crítico, de las elecciones: el escrutinio y validación del voto. Lo más importante.
Esa modificación sustancial del sistema de escrutinio se propone a escasos días de las elecciones, sin haber pasado el filtro de pruebas experimentales suficientes y sin una adecuada auditoría independiente de dicho sistema.

En consecuencia, nadie está cuestionando la idoneidad de la Junta, su imparcialidad o profesionalidad, ni mucho menos se cuestiona la persona de su presidente, Roberto Rosario, sino la ilegalidad de la citada resolución.

En resumen, los defensores emotivos o racionales de la JCE deberían explicar qué hacer con la Ley Electoral: ¡¿La violamos?! ¿La sustituimos por una resolución?

El Nacional

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