La mayoría de los conflictos y divisiones en la historia del PRD se han gestado, desatado y resuelto en el nivel de la oligarquía del partido, es decir, en su cúpula directiva. A las bases las utilizan y en medio del debate cada quien las corteja a su manera, pero muy pocas veces les han permitido participar en la solución de las disputas que ponen en riesgo la integridad de su propia organización.
Por ejemplo, siempre he creído que cuando Hatuey se oponía a la reelección en el 2004 tenía razón, pero quiso imponerla individualmente, cuando en realidad se trataba de un problema de interés histórico estratégico del partido y no solo de un dirigente con liderazgo importante pero no plebiscitario como el que tenía Pena Gómez.
A los que tienen sensibilidad democrática les resulta espantoso que un partido con millones de afiliados se mantenga en vilo y a merced de núcleos pequeños de dirigentes.
Y esa hegemonía casi despótica de la cúpula sobre las bases es peor en el PLD y en el PRSC, y en la izquierda marxista la situación llega a lo patético.
La Ley de hierro de la oligarquía de los partidos políticos, formulada por Robert Michels, se ha convertido en una Ley de acero en nuestro sistema.
En estos momentos, el PRD vive una situación interna que la que mejor la resuelve es la participación de sus bases.
Tenemos a un presidente del partido cuya legitimidad interna está seriamente cuestionada por la mayoría. Y no es democrático dirigir gente que no confía en uno.
Y, de otro lado, esa mayoría cuestionadora tiene una dirección cuyo estatus legal es desconocido por el Tribunal Superior Electoral.
La solución a la vista pasa por un plebiscito o por una Convención para elegir por lo menos a las tres principales autoridades: presidente, secretario general y secretario de organización.
Y lo que las bases del partido decidan en plebiscito o convención no debería ofender a ningún líder o aspirante democrático. Naturalmente, cabe también un gran acuerdo interno.
Pero, hay demasiadas agendas particulares en el PRD muchísimas.
