El pasado lunes, 2 de septiembre, la Superintendencia de Electricidad (SIE) emitió una declaración de prensa que contenía una mentira del tamaño de un templo.
Concretamente, en un párrafo de la nota de prensa se afirma que:
“Como resultado de las variaciones antes citadas, la tarifa indexada para el mes de septiembre experimento un aumento de 1.52 % con relación a la del mes de agosto . Sin embargo, como la tarifa aplicada vigente continua siendo menor que la tarifa indexada en un 43.63% , el Estado deberá subsidiar con $ RD 2, 014.96 millones la tarifa eléctrica para mantener invariables los precios a los usuarios en el mes de septiembre. El subsidio acumulado por este concepto para el periodo enero- septiembre se estima en $RD 17,818.95 Millones”.
En primer lugar, la tarifa indexada es un invento sin ningún fundamento técnico ni relación con los costos reales de producción de la energía en el país. Su origen se remonta a la Resolución SIE-31-2002 y fue concebida como tarifa de transición en lo que entraba en vigencia la tarifa técnica en el 2003.
Pero, la tarifa técnica nunca se ha aplicado, y la indexada ha sido utilizada para justificar subsidios a las distribuidoras, que no son subsidios a la población, y esto es preciso anotarlo.
Según la tarifa indexada, para este mes de septiembre el precio del kilovatio hora seria de 33 centavos de dólar, lo cual resultaría un absurdo mayúsculo en cualquier país, en el marco de los tipos de plantas y combustibles predominantes.
Lo que sucede es que la diferencia entre la tarifa indexada y la que se aplica a la población la cobran las distribuidoras al Gobierno, dizque como subsidio a la tarifa y de esa manera reciben dinero extra para compensar sus enormes pérdidas, que son ocasionadas por su incapacidad operativa, así como por la corrupción y el clientelismo.
Si la comparación la hicieran con la tarifa técnica esos cerca de 18 mil millones de subsidios se reducirían a casi 10 mil millones.
Que las distribuidoras hagan maquillajes de cifras y subterfugios se entiende, pero que la Superintendencia los avale, es un asunto gravísimo.
