Hace ya largos años que el PLD no se atreve a realizar una convención o votación interna para renovar la dirigencia de sus organismos a nivel nacional, incluyendo la presidencia y la secretaria general.
Y no se atreve porque si se embarca en unas elecciones internas, los tiros, sillas, piedras, palos e insultos entre leonelistas y danilistas cruzarían la frontera hacia Haití.
El PLD no se atreve, siquiera, a realizar reuniones ordinarias de sus comités y organismos partidarios.
Por eso, Reynaldo Pared lleva más de una década como Secretario General y Leonel Fernández llegó a la presidencia del PLD por un verdadero arreglo de aposento con Danilo Medina, y punto.
En el PRD ni hablar, allí, desde que se colocó bajo la férula de Miguel Vargas, allí solo se hace pantomimas, no convenciones. Otros partidos tampoco se renuevan.
Sin embargo, el PRM acaba de construir su padrón de 520 mil militantes, en un proceso participativo y transparente, porque la inscripción fue presencial y en locales propios en todo el país.
Y el PRM elegirá el próximo 18 de febrero, mediante votación universal, los nuevos dirigentes de todos sus organismos. Pero, para algunos analistas críticos del partido, ese proceso interno es un pecado antidemocrático y clientelista. ¿Y entonces? ¿Cómo es la cosa?
Porque la democracia se practica participando, votando y respetando.
En verdad esos críticos son un problema, porque si el PRM propone candidatos veteranos dicen que no le da oportunidades a las nuevas generaciones; si lleva jóvenes dicen que es una desconsideración a veteranos dirigentes meritorios; si Luis e Hipólito se desentienden del proceso dirían que es una señal de división, y si se reúnen y acuerdan no confrontarse en candidaturas sensibles e impulsar civilizadamente las aspiraciones de algunos de sus seguidores, entonces lo califican de “acuerdo de aposento”… ¿y quién los entiende?
Y lo curioso es que muchos de los que más critican el actual proceso de renovación del PRM, nunca han criticado el inmovilismo de un PLD cuya cúpula lleva más de una década sin permitir convenciones ni votaciones internas.
