Opinión

Detalles: Licitación secreta

Detalles: Licitación secreta

Finalmente la CDEEE ha decidido llamar a licitación para contratar unos 900 megavatios de potencia para conceder contratos de cuatro años de duración a inicio del 2017.

Estos contratos serán la sustitución del Acuerdo de Madrid que venció el pasado 31 de julio. Es decir, que esta licitación llega con mucho retraso, y ese retraso le costará al país centenares de millones de pesos que pagará por el sobreprecio a que está comprando toda su energía en el mercado spot, precisamente al precio más caro de todas las plantas conectadas. No obstante, el administrador de la CDEEE prefiere comparar el precio promedio de los contratos de Madrid con el precio del mercado spot.

Pero la comparación que corresponde es la del precio del spot -que están pagando las distribuidoras- con los precios que ofertan diariamente las plantas que abastecen el mercado. Esa comparación mostraría que las plantas que producen a 2.8, 3 y 4 centavos de dólar el kilovatio hora las distribuidoras les están pagando a 9.8 centavos, gracias a la genialidad de la CDEEE de no licitar contratos a tiempo y comprar todo en el spot.

Precisamente, la licitación publicada por la CDEEE tiene el correcto propósito de lograr mejores precios globales de generación, pero contiene también algunos puntos “raros”. Por ejemplo, invita participar plantas que producen con diesel (FO#2), el combustible más caro. Segundo, la CDEEE no publica los términos de los precios de energía y potencia que regirán en los contratos. ¿Cómo se indexarán los precios base de esos rubros? ¿Se incluirán pagos por capacidad a plantas ya amortizadas en el Acuerdo de Madrid?

El documento de la CDEEE indica que para recibir las bases de la licitación hay que pagar 5 mil dólares. Eso equivale a impedirle a la población el acceso a las informaciones cobre una voluminosa compra pública con dinero público.
Ese secretismo significa esconderle a la observación ciudadana los diablitos que se ocultan en las fórmulas de indexación de precios y en los precios base que se asumen. ¡Los ciudadanos tienen derecho a conocer sus contratos!

El Nacional

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