Si las modificaciones a la ley 87-01 sobre Seguridad Social se acogen como lo plantea el Gobierno, “se atentaría contra la seguridad jurídica, las finanzas públicas, crearía inequidad social y promovería la evasión y elusión a los aportes al sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS)”, afirmó este miércoles la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP).
Kirsis Jáquez, presidente de la ADAFP, anotó que el proyecto no contribuye a promover la diversificación de los fondos de pensiones y su impacto en la economía ni tampoco introduce mayor ni mejor protección social.
Refirió que la modificación a la Ley 187-01 no introduce cambio alguno que incremente las pensiones futuras de los trabajadores, ni la cantidad de personas protegidas, además que excluye gran parte de los trabajadores ahora cubiertos por el SDSS, en especial a los de las micros y pequeñas empresas quienes son los más vulnerables.
En un comunicado expresó confianza en que el presidente Danilo Medina, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y demás autoridades, llevarán a mesas de trabajo técnicas para en conjunto lograr una reforma en la que el sistema salga fortalecido.
“Ese proyecto elimina la obligación del Estado a otorgar el Bono de Reconocimiento a los que cotizaron en las leyes 1896-48 y 379-81, desconoce unilateralmente y de forma retroactiva los derechos adquiridos en seguridad social”, precisó Jáquez.
Subrayó que el proyecto atenta contra la seguridad jurídica porque el Estado determinaría unilateralmente dónde se invertirán y cuándo se invertirán los fondos de pensiones, y determinará cuál será la rentabilidad mínima de las cuentas de los trabajadores.
Advirtió que “eso significaría una virtual estatización del control de las inversiones de los fondos de pensiones de los trabajadores, lo cual no garantiza que se invertirán en el mercado atendiendo al mejor interés en caso de no ejercer su libre elección”.
Jáquez precisó que la propuesta promueve la evasión y elusión porque el Estado podrá determinar a discreción salarios y aportaciones diferenciadas por sectores, creando competencia desleal, y situaciones discriminatorias en perjuicio de los trabajadores y sus familias, afectando su protección en la vejez, en la discapacidad y sobrevivencia.
