La anuencia del sector empresarial sobre la innecesaria violación de una ley como base del acuerdo que se discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es digna de explicarse. Los empresarios no son ajenos al cuestionamiento de la seguridad jurídica que traduce el mensaje sobre el inaudito acuerdo para que la Dirección de Aduanas cobre, vía administrativa, el Itebis anticipado a las importaciones de materias primas a las empresas acogidas a ley de Proindustria.
El incumplimiento del Presidente para dejar sin efecto la medida, como se había acordado durante un encuentro, es irrelevante. Lo relevante resulta que leyes y reglas de juego que son fundamentales para la inversión nacional y extranjera se violen con la permisividad de quienes están más llamados a velar por su cumplimiento.
Los empresarios, quienes habían denunciado que la medida era ilegal e incluso que interpondrían un recurso de amparo para exigir al Gobierno que respete las leyes, resulta, que de buenas a primeras, se han tragado sus alegatos al acoger como buena y válida una decisión sobre la que también habían advertido que no resolverá ni en lo más mínimo el déficit fiscal que encara el Gobierno.
¿Qué pensará un inversionista extranjero de una nación en donde las leyes no son las que rigen el andamiaje jurídico, sino el tráfico de influencias? Al menos los empresarios locales, que habían insistido en que de nada servían las medidas para aumentar los ingresos si el Gobierno no bajaba realmente el gasto, parece que operan mejor en base a arreglos políticos que con leyes. Es lo que evidencia la insólita complicidad, que es lo que implica el acuerdo en torno a la violación de la ley de Proindustria.
Tratándose de una imposición es obvio que no hubiera, para más, siquiera una explicación convincente. La necesidad del convenio con el FMI no es lo que se ha puesto en juego, sino el papel que se supone juegan las leyes.
