CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, (AP).- Una periodista mexicana dio a conocer documentos el sábado de una investigación oficial que critica la forma en que el gobierno manejó el caso de 43 estudiantes desaparecidos, los cuales, según la procuraduría, fueron incinerados por narcotraficantes en el 2014.
Los documentos divulgados por Anabel Hernández son de una investigación de agosto de la división de asuntos internos de la Procuraduría General de la República de México. Indican que los arrestos de cerca de media docena de sospechosos claves fueron realizados de manera ilegal.
Algunos de los sospechosos sufrieron violaciones a los derechos humanos, y muchos “confesaron espontáneamente” con frases extrañamente similares de haber participado en matar a los estudiantes, quemar los cadáveres o deshacerse de los restos.
Esos sospechosos dieron algunos de los primeros testimonios sobre el vertedero de basura y el río donde supuestamente los estudiantes fueron incinerados y se depositaron sus restos quemados.
Uno de esos fragmentos pudo ser identificado con el ADN de uno de los estudiantes, y otro fragmento también fue posible cotejarlo parcialmente con datos de otro alumno, pero prácticamente ésa es la única evidencia física con que se cuenta sobre el destino de los desaparecidos.
La PGR ha dicho que los documentos no representan una investigación formal, terminada, y carecen de validez oficial. Desde entonces se ha reportado que el investigador que preparó el informe renunció.
El comportamiento de los fiscales a la hora de examinar a los sospechosos, el tratamiento de la escena del crimen y el manejo de la evidencia ya habían sido puestos en tela de juicio por un panel de expertos internacionales.
The Associated Press y otros medios de comunicación habían reportado previamente las afirmaciones de algunos de los sospechosos de que habían sido torturados por la policía o por personal militar.
Si la argumentación contra los sospechosos se viene abajo debido a conducta ilegal de la fiscalía, representaría un revés importante para las autoridades en uno de los casos más sonados de violencia en la guerra contra las drogas en la historia reciente de México.
Las autoridades han dicho que los estudiantes habían secuestrado autobuses en la ciudad sureña de Iguala el 26 de septiembre de 2014 cuando fueron interceptados por la policía local.
Los agentes, presuntamente coludidos con el cártel Guerreros Unidos, entregaron a los alumnos a miembros de ese grupo delictivo, que presuntamente los mataron e incineraron. Los expertos han puesto en tela de juicio que un grupo tan grande de cadáveres pudiera haber sido quemado en el vertedero.
