Alguien me decía que en esta media isla somos presos de confianza, porque cuando las fuerzas de seguridad deciden actuar no hay nada, ni nadie, que lo impida.
Tres hechos parecen corroborar esta afirmación:
1.-La centelleante devolución, por parte de la policía, del reloj de cuatro millones de pesos que le fue sustraído a Díaz Rúa durante una cena. Ahí nos enteramos de que la uniformada tiene una red de informantes sobre casas de empeño en todo el país y que la utiliza cuando se les exige.
2.-La devolución de su yipeta a la Defensora del Pueblo, la cual atravesó 18 puntos de vigilancia hasta terminar en Cabo Haitiano, robada por una banda internacional que operaba entre Haití y Dominicana, dirigida por dos ex policías, condenados a veinte años por el asesinato de un grupo de infelices choferes, a quienes robaron sus vehículos y enterraron en fosas comunes.
3.-La pronta detención de un chofer de patana que había sido arrestado por el asesinato de 18 personas cuando embistió un minibús con ese número de miembros de una congregación religiosa que regresaba de un peregrinaje. Lo increíble es que el chofer, que debió ser condenado a treinta años, estaba libre y “con todos sus papeles al día y en orden”, como lo estaban los dos ex policías, condenados a 20 años cada uno, que dirigían la banda que se robó la yipeta de Doña Zoila.
La prensa reporta una y otra vez estos casos, pero ni la Policía ni la Fiscalía responden las preguntas fundamentales: ¿Cómo y por qué estaban libres estos asesinos? ¿Qué jueces o autoridades carcelarias los liberaron?.
Hasta que esas preguntas no se respondan y se arreste a los, o las, representantes del poder judicial que por soborno, o presión, soltaron a esos psicópatas, no se conocerán las reales razones detrás de la criminal impunidad con que operaban en este país que sobrevive en un sistema dual de justicia. Dual, porque hay que ser o muy rico, o conocido, para que la policía haga su trabajo.
Dual, porque mientras se mantiene en prisión a un joven por tres y hasta cinco años, sin juicio, por el robo de un celular; a un chofer asesino, se le deja libre.
Solo cuando sepamos de quien es la patana y se arreste al dueño, sabremos quién compró su libertad. Y solo cuando se arreste al personal judicial, o carcelario, que soltó a los dos ex policías, sabremos quién, o quienes, compraron su libertad. Mientras, seguiremos habitando en el absurdo de esta media isla, que no merece el nombre de país, donde el Procurador casi se equivoca con el reconocido psicópata Blas Peralta.
