El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, confirmó este viernes que esa dependencia se apresta a firmar un “acuerdo de colaboración” para apoyar económicamente las operaciones de los colegios católicos. “Estamos en ese proceso de conversación y de alguna manera, algún tipo de colaboración habrá a través de algún tipo de convenio”, dijo el funcionario a periodistas de El Nacional.

“Nosotros no queremos que desaparezca este tipo de institución”, precisó.

Amarante Baret habló en esos términos sobre la petición de un grupo de colegios católicos de que financie su paso a la modalidad de tanda extendida.

Los directores de esos planteles amenazan con subir las tarifas mensuales a los padres de sus alumnos, en caso de no producirse la “ayuda” que piden al Gobierno.

Argumentan que están perdiendo los profesores calificados, porque no pueden competir con el Gobierno en cuanto al pago de salarios a ese personal.

“El sector público paga a los maestros el doble de lo que nosotros pagamos, lo que ha hecho que muchos maestros se marchen del colegio”, argumentó el colegio San Juan Bautista, entidad educativa privada que aloja estudiantes de clase media alta.

“Por lo tanto, si queremos mantener una educación de calidad, tenemos que tener profesores calificados, lo que implica una oferta salarial competitiva”, sigue diciendo el centro educativo en una comunicación que envió a los padres y tutores de sus alumnos.

Amarante Baret afirmó que sostuvo un encuentro con sacerdotes y monjas que dirigen colegios católicos que “están afectados por las mejorías salariales a los educadores de las escuelas públicas y por el atractivo de la tanda extendida”.

“En la última reunión que sostuvimos con ellos, hace unos días, ellos quedaron en hacernos un planteamiento que va a tener una serie de sugerencias, que podemos enmarcarlas dentro de un convenio de colaboración entre colegios católicos privados y el Ministerio de Educación”, precisó el funcionario estatal.

Indicó que el propósito es que “dentro de nuestras posibilidades presupuestarias tener algún tipo de respuesta a los planteamientos que ellos nos han hecho”.

En varias oportunidades algunos sectores nacionales han rechazado que los recursos provenientes del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PBI) asignado al Ministerio de Educación sean destinados a favorecer las instituciones educativas privadas.