El presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, se empecinan en ser violadores impenitentes de la Constitución y las leyes, cuando escogen el camino de promover en el Congreso la aprobación del Presupuesto General de la nación, excluyendo el 4% del PIB que corresponde al sector educativo y al porcentaje destinado al Poder Judicial.
Resulta asombrosa la sordera de las autoridades ante los reclamos de los sectores sensatos que abogan para que haya una educación de calidad que nos permita una positiva competitividad en un mundo globalizado. Necesitamos de miles de aulas, muchos planteles. La educación dominicana exhibe un gran deterioro, mientras nos vendemos como país con una fachada de modernidad.
Ojalá poder mostrar los avances logrados en materia de educación por Chile, Costa Rica, Venezuela y Bolivia, cuyo presidente Evo Morales, de origen campesino, erradicó el analfabetismo. La Republica Dominicana ocupa los rangos más altos en corrupción y despilfarro. Somos campeones en el robo de los recursos del Estado y en el dispendio.
Los peledeístas se resisten a cumplir la Ley de Educación. Causa repulsa que se adopte la misma actitud con el Poder Judicial. Un Poder Judicial débil no garantiza la seguridad jurídica de la ciudadanía. No se explica el porqué del recorte de la asignación a la justicia, cuando solamente la jurisdicción inmobiliaria, por concepto de impuestos de transferencias, hipotecas, determinación de herederos, etc., hace un cuantioso aporte al fisco.
Para tener una justicia funcional, de rápido y fácil acceso, no solo se necesita de jueces probos y capaces, también de infraestructuras que permitan un mejor desenvolvimiento de la Justicia. Por ejemplo, se necesita habilitar 101 Tribunales, cometido que no será posible realizar porque al Poder Judicial se le asignó 1.07% de la Ley de Gastos Públicos.
