Si no fuera porque ha ocurrido en este país sería imposible creer que una empresa privada que administra el único lugar para verter desechos sólidos que producen más de tres millones de personas, anuncie que ese lugar sólo recibirá basura en horario de oficina.

Los ocho ayuntamientos que integran el Gran Santo Domingo han advertido que esa restricción provocaría en las próximas horas una crisis sanitaria de imprevisibles consecuencias para la salud de residentes y visitantes en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo.

Lajun Corporation, que administra el vertedero Duquesa, dispuso que el horario para depositar desechos sería de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, lo que causa graves perjuicios a los cabildos que han establecido horario nocturno para la recogida y vertido de basura.

Esa empresa admite que el cierre del vertedero en horas de la noche obedece a que los ayuntamientos se retrasan en el pago por ese servicio, sin señalar que se ha producido un conflicto porque dispuso un aumento unilateral de siete millones a casi 17 millones de pesos al cabildo del Distrito.

Para la alcaldía de Santo Domingo Este el incremento fue de 2.65 dólares por toneladas a ocho y a Santo Domingo Oeste, de $500,000 a 4.5 millones de pesos, en tanto que a Los Alcarrizos fue de 160 mil a 750 mil pesos, sumas de dinero que las corporaciones edilicias consideran abusivas.

Esa medida de represalia que consiste en mantener cerrado al vertedero Duquesa por 15 horas al día, atenta contra la salud de millones de ciudadanos, además de trastornar las actividades básicas de ocho municipios en cuyo seno se amontonarían miles de toneladas de basura.

A esta hora, los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública deberían haber asumido el control sanitario de ese vertedero, en el entendido de que por un conflicto de orden económico no se puede pretender ocasionar una epidemia, con su secuela de muerte y de ausencia laboral y escolar.

Aunque resulte difícil de creer se admite que en República Dominicana es posible que por una razón de carácter pecuniario, particulares restrinjan a ocho ayuntamientos verter en un único vertedero público los desechos sólidos que producen más de tres millones de personas, sin ninguna consecuencia.