Luego de iniciado el escándalo de corrupción dentro del Poder Judicial a raíz de las acusaciones del Procurador General y las confesiones de algunos jueces, no he podido esconder mi decepción.

Reconozco que siempre he asumido una posición de defensa de la judicatura frente a las constantes acusaciones de la opinión pública y la Procuraduría, esto bajo el entendido de que luego del proceso de reformas en la justicia iniciado en el 1998, este tipo de situaciones ya eran etapas superadas en ese Poder del Estado; pero lamentablemente debo reconocer que estuve equivocado y que aún se requieren cambios severos en la gobernanza interna y la forma en que se administra la Justicia.

Dicho lo anterior, es importante recordar que las actuaciones de un puñado de jueces no son representativas de todo el Poder Judicial, y que estos hechos de ninguna manera empañan el trabajo que a diario realizan cientos de magistrados con suma honestidad y calidad en todo el país.

El problema actual en el Poder Judicial no es asunto de personalidades ni figuras específicas o la calidad en el magisterio; la raíz de la situación sigue siendo de carácter económico.

La gobernanza en el Poder Judicial debe ser reformada de forma que haya mayor transparencia en los procesos, existan mecanismos internos de balances y contrapesos, y una adecuada supervisión, pero de nada servirá poner esto en el papel sin un soporte económico suficiente para pagar esa infraestructura.

El Consejo del Poder Judicial es una figura legal sumamente útil que ya ha estado encaminando la modernización de nuestra justicia, pero este carece de recursos y las herramientas efectivas como para evitar que algunos de los miembros del Poder Judicial delincan en la manera que el actual escándalo parece estar mostrando.

Convocar al Consejo Nacional de la Magistratura no resolvería absolutamente nada en las actuales circunstancias donde no está siendo cuestionada la actuación de las Altas Cortes.

Lo que sí se debe aprovechar la ocasión para hacer un llamado al diálogo, en la misma forma como se llegó al Pacto por la Educación y como se desea hacer con la electricidad y los impuestos, necesitamos un pacto por la seguridad y la justicia, donde todos los actores intercambien sus propuestos de reformas no solo en la Justicia, sino también en la Procuraduría, la Policía y los cuerpos castrenses para que podamos definir el norte de lo que finalmente deseamos.