El término funcionario lo venimos escuchando desde los tiempos de la antigüedad. Representa una figura jurídico-administrativa, la cual asumió una importancia vital cuando el mundo moderno comenzó a tener conocimiento de lo que hoy día llamamos administración pública, herramienta básica del Estado.
Lo cierto es que el comportamiento de los funcionarios públicos, en el desempeño de sus funciones, se ha convertido en un tema palpitante, de sumo interés para los ciudadanos preocupados por el destino final que toman los recursos públicos que, de manera transitoria, ellos administran.
En la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la ley de Función Pública, que es la número 41-08, todos los servidores públicos que ocupan cargos de alto nivel son considerados funcionarios públicos.
En el caso que nos ocupa, queremos poner énfasis en aquellos funcionarios que son nombrados por el jefe de la administración pública, que es lo mismo que decir por el presidente de la República. Ellos son los ministros y viceministros, los directores generales y subdirectores, gerentes y subgerentes, gobernadores y otros no menos importantes.
De la conducta cotidiana y abierta de ellos dependerá, inexorablemente, la buena imagen pública que siempre ha de exhibir el Gobierno.
Por tal razón, si llegan a corromperse, pues entonces la población tendrá la sensación de que se está ante la presencia de un Gobierno corrupto; si por el contrario, enfatizan en la transparencia como norte en la gestión pública, no cabe la menor duda que los segmentos de la sociedad esgrimirán efusivos elogios al Gobierno.
Todo funcionario que está al frente de una institución gubernamental maneja fondos públicos.
De hecho, son fondos pertenecientes al erario, provenientes del Tesoro Nacional, los cuales han de ser distribuidos equitativamente, bajo el respeto estricto de lo establecido en el presupuesto de la nación para ese año.
Ha de quedar debidamente establecido que nunca, jamás, a ningún funcionario, al momento de ser favorecido con un decreto presidencial, se le otorga un poder especial o algo parecido para que de manera antojadiza administre los fondos públicos.
