Al margen de la necesidad de un mayor presupuesto, es obvio que el gasto educativo requiere de una supervisión más rigurosa. Porque, si como afirma Acción para la Educación (Educa) el organismo cuenta con el personal técnico, los maestros, los programas y los proyectos, no es para que el sistema repruebe con tan bajas calificaciones todas las evaluaciones internacionales sobre la calidad de la enseñanza por el simple hecho de que la asignación presupuestaria no exceda del 1.98 por ciento. Algo anda mal en la distribución de los recursos. Es claro que el porcentaje es insuficiente para una nivelación de la enseñanza con países en similares condiciones económicas que República Dominicana, pero no tanto como para ocupar los últimos lugares en las mediciones.
Por el papel que desempeña en el desarrollo económico y social, mientras más recursos se destinan para el sector, mayores son las posibilidades de reducir las lacerantes y abusivas desigualdades sociales. Siempre, por supuesto, que asignaciones como el 4% del Presupuesto que han coreado diferentes sectores respondan a proyectos como los citados por Educa, consensuados en el Plan Decenal 2008-18, en la Cumbre por la Unidad para Enfrentar la Crisis Global, en el Foro Presidencial por la Excelencia Educativa y en el Pacto Social por la Calidad de la Educación.
Ha sido el presidente Leonel Fernández, quien ha violado los compromisos para incrementar la inversión y mejorar la calidad de la educación. Pero insisto que de priorizarse la enseñanza y someter el sistema educativo a un riguroso proceso de saneamiento administrativo, aún con el pírrico 1.98% los resultados serían menos desastrosos. La politización, la corrupción, el desorden y distorsiones como la del desayuno escolar, obstaculizan lo que pudiera ser siquiera una leve mejoría del sistema educativo. Pero la tesis parece todo, o nada.
