El 15 de agosto pasado era la fecha que había anunciado la Dirección General de Aduanas (DGA) a través de un espacio pagado en los medios que, por medio un acto administrativo, aplicaría impuestos a compras por Internet inferiores a US$200, un hecho que no solo fue inconstitucional e ilegal, también recibió el más amplio rechazo. Gravar para tapar agujeros y pagar la fiesta, era sencillamente inaceptable.

Ante las protestas legítimas, la prepotencia. Esa parece ser la política de Estado de un Gobierno que se contradice consigo mismo. La polémica por los impuestos a compras bajo US$200 vía Internet es una consecuencia más de la reforma fiscal de 2012, que a su vez es una consecuencia del colosal déficit fiscal que dejó la pasada administración del PLD.

Para justificar su acción arbitraria, Aduanas citó el Decreto 402-05, que sostiene que no otorga exenciones para ese tipo de comercio. Sin embargo, no dijo nada de la Ley 253-12 y la derogación del artículo 42, que eliminó los impuestos que ahora la DGA pretendía imponer. Entre la supuesta confusión y el silencio del Presidente, la legalidad y la indignación de la población fueron más fuertes.

El recurso sometido ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por parte de la Asociación Dominicana de Empresas Courier (ASODEC) tuvo sus frutos. El tribunal acogió el amparo, y ha confirmado la violación constitucional. Un decreto no puede jamás modificar la ley, mucho menos un aviso publicitario de Aduanas crear impuestos.

La conclusión es clara, y debe defenderse en todas las instancias. El aviso publicado por la DGA viola las disposiciones del Decreto 402-05, de la ley 277-12 del DR-CAFTA, y hace lo propio con principios fundamentales de la Constitución. La lucha se traslada ahora al Tribunal Constitucional. Lo sensato y lo jurídico es que el Leviatán sea llamado a que retorne a su propia legalidad.