En la comisión especial de los diputados que estudia el proyecto de Ley de Partidos, sometido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), parecería que hay un consenso para eliminar el artículo que establece que cuando un legislador renuncia a una organización, automáticamente lo hace también del cargo. Legisladores y voceros de las diferentes bancadas, incluyendo la del PLD se han expresado en contra de ese aspecto de la propuesta del oficialismo.

Se amparan en que la Constitución establece que los cargos electivos pertenecen a la comunidad que representan no al partido que lo postuló.

Aseguran que han revisado legislaciones de América Latina y en ninguna han encontrado que ese artículo que el PLD quiere insertar en la Ley de Partidos.

La sociedad civil a través de diferentes sus diferentes organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han criticado duramente la iniciativa del Comité Político del PLD.

Desacuerdos

Los principales desacuerdos con la pieza del PLD son el referente a la celebración de primarias simultáneas, la nómina de los contribuyentes particulares, la supervisión y organización de los proceso por parte de la Junta Central Electoral (JCE) y la suspensión de inauguraciones de obras por parte de Gobierno en el último tramo de la campaña electoral.

El PLD y el PRD se oponen a la celebración de primarias simultáneas, mientras el PRM y un sector reformista, aprueban esa medida.

De acuerdo con el PRM y un sector reformista, esas primarias evitaría que un partido influya en la escogencia de los candidatos de las otras organizaciones.

El PLD propone en su iniciativa que la supervisión por parte de la JCE sobre sus procesos sea un decisión que competa a la dirección de cada partido, no una imposición de ley.

Ese planteamiento es apoyado por el PRD y rechazado por el PRM y algunas organizaciones emergentes.

UN APUNTE

Nómina
Ha provocado críticas de legisladores de la oposición que se haya suplantado el proyecto de Ley de Partidos Políticos por el sometido por el PLD, alegando que éste habría sido consensuado en más de un 80 por ciento y tenía su informe.