Lo que se ha visto hasta ahora con los sobornos que habría pagado Odebrecht para beneficiarse con obras solo reconfirma que si Estados Unidos no interviene, dando a conocer toda la información que posee, por aquí jamás se conocerá toda la verdad sobre las operaciones ilícitas de la empresa.
Con todo y decir que las investigaciones no se han cerrado, hay que ser muy iluso para creer que la Procuraduría General de la República, la misma que ha dejado adrede un montón de cabos sueltos, llegará por sí sola hasta las últimas consecuencias sin importar “caiga quien caiga”.
El caso de Argentina hace suponer que aquí la constructora no dijo toda la verdad, no obstante el compromiso que asumió a través del acuerdo de compensación y colaboración que con tanto interés defendió el Ministerio Público.
La compañía condicionó la entrega de información exclusivamente a la procuradora Alejandra Gils Carbó, pero no para que se haga de conocimiento público, además un pacto para continuar las obras que ejecuta. Antes de aceptar la propuesta, las autoridades apelaron a los convenios sobre intercambio de información con Estados Unidos para obtener y contrastar los detalles de los sobornos pagados por el consorcio.
Sobre la base de un informe que todavía no se conoce en su totalidad, el procurador Jean Alain Rodríguez se decantó por un expediente mostrenco, cargado de malicia. Como para dar una connotación de imparcialidad y alcance incluye entre los sobornados a Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a pesar de demostrarse que no firmaba ni aprobada contratos ni tampoco ejecutaba obras.
Y también, para citar otro ejemplo, está el caso de Andrés Bautista, a quien le atribuyen acciones como presidente del Senado durante un período en que no desempeñaba el cargo y ni siquiera era miembro del cuerpo legislativo. Pero había que embarrarlo porque, como presidente del PRM, así se golpea a la oposición.
Se ha documentado que el grueso de las obras por las que se pagaron los supuestos sobornos se aprobaron entre 2012 y 2016, pero llama la atención que en la investigación ese periodo fue prácticamente obviado, salvo el caso del senador de San Cristóbal, Tommy Galán.
El indicio ponderado por el ministerio público contra los imputados ha sido, además del cuestionado informe de Odebrecht, el pueril argumento sobre incremento del patrimonio. Todo indica, pues, que si el Tío Sam no obliga a la constructora brasileña o proporciona la información de que dispone sobre los sobornos, que nadie espere que por aquí se sabrá más que lo diga el procurador general de la República.
