Danilo no interviene en la Justicia.-
El ordenamiento jurídico de nuestro país, constitucionalmente está dividido en tres poderes, absolutamente independientes entre sí, como ocurre en toda nación democrática, donde el respeto a las libertades públicas y derechos ciudadanos, es el lábaro donde se resguardan los sagrados intereses de la patria.
Por eso constituye un desliz imperdonable la afirmación de los líderes del Partido Revolucionario Moderno, con sus dirigentes Luis Abinader, Hipólito Mejía y Orlando Jorge Mera a la cabeza, de que la prisión de Andrés Bautista, presidente de la organización, y el diputado Alfredo Pacheco, entre otros dirigentes del PRM, envueltos en el escándalo de la corrupción y las sobrevaluaciones de la firma brasileña, es por la voluntad del Presidente Danilo Medina.
Quienes conocemos al juez de instrucción Ad Hoc para conocer este proceso, en su calidad de Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, desde el inicio de su carrera como periodista en El Nacional, sabemos de que pese a su juventud Ortega Polanco es un ciudadano incorruptible, que no da su brazo a torcer por amenazas, intimidaciones ni promesas de pagos mal habidos.
Si el magistrado Ortega Polanco dispuso la prisión, del ex senador Andrés Bautista y la libertad provisional bajo fianza de Alfredo Pacheco, no fue por instrucciones de ningún poder del Estado, ya sea el Legislativo, el Ejecutivo el Judicial, sino porque así se lo aconsejó su limpia conciencia.
No debemos olvidar que lo que se estaba debatiendo en la Sala Augusta de nuestro máximo tribunal, no era el fondo del asunto, como pretendieron algunos abogados de las defensas de los inculpados, sino la aplicación de medidas de coerción, oscilantes entre un año de cárcel preventiva y la libertad bajo fianza, para garantizar que los justiciables asistirían a todos y cada uno de los procedimiento en que fueran debidamente citados, hasta que en un juicio público oral y contradictorio, se determinara si son o no culpables de los hechos que se le imputan.
No era cuestión de alegar si los traductores de esos documentos eran o no intérpretes designados por la Suprema Corte de Justicia, que simplemente, y por un auto administrativo, los nombró como tales, como hicieron algunos abogados defensores de los acusados, para alegar su descalificación para traducir del portugués al español los documentos enviados desde Brasil y donde se comprobaban las trapisondas y malas mañas puestas en marcha por Odebrecht en el país para agenciar contratos oficiales.
Así es que apunten para otro lado, que el Presidente Medina es un hombre probo, y respetuoso al máximo de la Constitución y las leyes, incapaz de ordenar prisiones de adversarios políticos.
Y hasta el próximo domingo, con más Jerez y más Whisky
