Paraguay es un país pobre, relativamente grande (más de 400 mil kilómetros cuadrados) y pequeño en población con más de siete millones de habitantes, (el cuarto menos poblado de América del Sur) donde recientemente una considerable multitud, hastiada, impotente, llena de rabia, quemó el Congreso después que el senado aprobó la reelección, prohibida por la Constitución.
Por fortuna la “fuerza del orden” utilizó balines de gomas y gas lacrimógeno para repeler la protesta, lo que no impidió que algunos legisladores y manifestantes resultaran lesionados.
En Paraguay, como en muchos otros países latinoamericanos, la gente está harta de que los gobiernos ignoren la Constitución y las leyes, cansados de que los partidos y los gobiernos no cumplan sus promesas, que la corrupción, el crimen, el narcotráfico, no sean castigados, que la democracia y las instituciones del Estado hayan sido secuestradas.
En la República Dominicana sucede algo parecido. El Congreso, la Judicatura y todas las dependencias del Poder Ejecutivo están en manos del Partido de la Liberación Dominicana, impidiendo que la Constitución y las leyes sean respetadas.
El caso de la diputada Faride Raful ha puesto de manifiesto la debilidad o control que tiene el PLD sobre el Estado. Ella hizo una denuncia sobre el uso inadecuado de los recursos públicos a través del publicista brasileño Joao Santana, vinculado estrechamente a la empresa Odebrechet que admitió haber pagado sobornos a legisladores y funcionarios por más de 92 millones de dólares.
El personaje, estando preso en su país, continuaba cobrando cientos de millones de pesos en franca violación a las leyes. Ella solo pidió una investigación. Pero fue rechazada, lo cual es ilegal y abusivo. Esa es, precisamente, atribución de la Cámara de Diputados.
El artículo 247 de la Constitución dice que “la Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley”. (Faride pidió la documentación a ese órgano del Estado acogiéndose a la ley de acceso a la información pública).
El Congreso está para legislar, pero también es un contrapeso del Ejecutivo, no un sello gomígrafo como ahora. Debe ser un ente regulador, un vigilante y un investigador para que el dinero del pueblo sea utilizado correctamente. Lo que ha hecho la diputada dirigente del PRM, no ha sido más que cumplir con la responsabilidad.
