II
La frontera abierta, ¿no es acaso, en los hechos, una invitación franca y continua a los haitianos para que ingresen masivamente al territorio dominicano, dentro de una dinámica que sólo potencializa su éxodo? ¿Podemos seguir soslayando que mientras más ingresan, logran insertarse y formar asentamientos, más atraerán a los que esperan cruzar la frontera sin mayores riesgos que sufrir las “mordidas” imprevistas o previstas de agentes de autoridad civiles y militares? ¿Cómo puede calificarse que continúe la práctica de otorgar visados conforme al interés meramente mercurial de los incumbentes de los consulados? ¿No tiene el carácter de un efecto llamado la permisividad con que viene abordándose esta situación? ¿Qué decir de la falta de sanciones a los que infringen las leyes sobre la materia, configurándose así la estructura de corrupción trasnacional impune más perjudicial y destructiva de la República?.
Ese enorme y prolongado desorden ¿no está erosionado la credibilidad y la eficacia de las Fuerzas Armadas de la República, preparando las condiciones para que se proclame su fracaso irremisible, cargado de ignominias, que justifique su eliminación o su sustitución por una policía fronteriza? ¿Tiene la República los recursos suficientes para mantener una movilización permanente del Ejército Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) para la vigilancia y defensa de la frontera? ¿Pueden seguir las Fuerzas Armadas incumpliendo su misión constitucional, que es además su razón de existir, invocando el principio de la subordinación jerárquica al poder civil; o es que su pensamiento estratégico se ha modificado para amoldarse a los esquemas que se nos imponen? ¿Se puede continuar ocultando que los haitianos en República Dominicana están siendo organizados y encuadrados para actuar como minoría relevante que imponga por cualquier medio las políticas públicas de su interés, o forzar una intervención al través de eventuales acciones insurreccionales, previamente ambientadas por campañas exteriores contra la República Dominicana, como las que se han desarrollado para marcarla como Estado apartheid, genocida, xenófobo, racista, anti haitiano?
¿Ingenuidad?
Nadie en los niveles de alta dirección del Estado y la Nación tiene derecho a ser ingenuo: La realidad es que los haitianos están llegando de más en más porque aquí se les asegura, prácticamente sin limitaciones y con apoyo o tolerancia oficial, tanto los puestos de trabajo como los bienes y servicios públicos que no obtienen en su país, comenzando por los de las obras públicas.
Todo eso en grave menoscabo de los derechos de los dominicanos más humildes y con escasa calificación laboral, quienes ven sus condiciones de vida deteriorarse o estancarse, con salarios reales anclados a principios de los 90s y servicios públicos dotados con escasos presupuestos, sobrecargados por las demandas de una población haitiana con un preocupante perfil de enfermedades y atraso.
La imposición
Pero, en el contexto de ese proceso aparentemente caótico e indetenible, sobresale una decisión funesta y deleznable tomada en fecha reciente, con plena conciencia de su carácter inconstitucional, ilegal y antijurídico: la resolución del Consejo Nacional de Migración (CNM) que dispone otorgar residencias a unos 240 haitianos, como paso previo a su naturalización por vía administrativa.
Esta imposición, qué violenta el artículo 3 de la Constitución de la República, procura consolidar legalmente a una nueva relación de poder insular, en la que viene trabajándose hace décadas obedeciendo a designios imperialistas: la creación formal de una minoría nacional de base étnica, con capacidad de anular el ejercicio de nuestra soberanía y autodeterminación, para así coronar el cínico plan de la solución dominicana a los problemas de Haití. Nadie tiene derecho a ser ingenuo.
Insólito
Peor aún, recientemente, coincidiendo con esa funesta decisión en materia migratoria, dos ministros importantes del gobierno del presidente Medina emitieron declaraciones insólitas: primero, después de admitir que son violadas las normas de la nacionalización laboral, el ministro de Trabajo propuso que se modifique el Código de Trabajo para legalizar el brutal proceso de desnacionalización y desplazamiento de los dominicanos.
Días después, ante las alarmantes denuncias de que los hospitales dominicanos se han convertido en paritorio de Haití, otro importante ministro se despacha con la propuesta inconcebible: cobrar por los partos y demás servicios médicos.
Ambas posiciones, avaladas por los hechos y reforzadas por la pobre reacción de las fuerzas de oposición y de la opinión pública, envían a la comunidad internacional el peor mensaje que puede enviarse: que el Estado dominicano está dispuesto a hacerse cargo de los problemas de la población del estado vecino, y que si se disponen de recursos lo puede hacer más y mejor. Nadie tiene derecho a ser ingenuo.
¡Dirigentes dominicanos, reflexionemos y rectifiquemos!
Un crimen
En el 2022 se cumplirá el bicentenario de la Ocupación Haitiana. Si continúan y se profundizan las tendencias actuales, el pueblo dominicano conmemorará esas infaustas efemérides con el convencimiento trágico de que fue entregado a una nueva ocupación por parte de sus clases dirigentes.
¿Podemos seguir ocultando lo que es una verdadera ocupación, un verdadero crimen internacional contra la República, encubierto por una conspiración de silencio y desinformación, bajo el eufemismo de que “son problemas migratorios propios de países con desarrollo desigual”?
¡No es inmigración, es ocupación!
