La fundación Primero Justicia solicitó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, investigar el escándalo suscitado por las pensiones aprobadas en la Superintendencia de Bancos, que favorecen al exincumbente, Haivanjoe Ng Cortiñas y otras 48 personas.
La solicitud está contenida en una instancia que depositó el presidente de la entidad, jurista Miguel Surún Hernández, el martes, a fin de que el Ministerio Público determine si en el caso hubo corrupción administrativa, prevaricación y otros crímenes tipificados en artículos del Código Penal.
Según la denuncia, Ng Cortiñas fue favorecido con una pensión mensual por un monto superior a 651 mil pesos, el 17 de agosto, pese a que fue nombrado como contralor general de la República.
También fueron beneficiados con pensiones exorbitantes el gerente de la Superintendencia de Bancos, Luis Andrés Montes de Oca Patricio, con una mensualidad superior a RD$413 mil; y el intendente de Bancos, Daris Javier Cuevas Nin, con RD$437,369.07.
Además, han sido favorecidos otros 46 funcionarios, consultores, especialistas, secretarias y mensajeros por, supuestamente, haber cumplido más de 25 años en la administración pública.
Las 49 pensiones fueron aprobadas entre el primero de enero y el 17 de agosto, durante el período de transición gubernamental y un día después de que Danilo Medina asumiera la presidencia de la República.
Las pensiones otorgadas en la institución supervisora del sistema bancario y financiero del país ascienden a más de 20 millones de pesos mensualmente.
Aunque Ng Cortiñas defiende la pensión que se le otorgó, bajo el alegato de que disfruta de un año sabático, el tiempo de servicio en el Estado y una supuesta resolución de la Junta Monetaria, Surún Hernández considera que la Procuraduría General de la República debe determinar si se violaron disposiciones del Código Penal.
Entre las violaciones en que estima pudieron haber incurrido Haivanjoe Ng Cortiñas, Cuevas Nin y Montes de Oca Patricio, señala los artículos 112, 114, 123, 124, 125, 126, 166, 167, 265 y 266 del Código Penal.
Además, del artículo 4 de la Ley 712, del 27 de junio de 1927, que sustituyen los artículos del 169 al 172 del Código Penal Dominicano.
El presidente de la fundación Primero Justicia envió una copia de la solicitud al presidente Danilo Medina, al director del Departamento Nacional de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla; al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; y al director de la Comisión de Ética en la Administración Pública, Marino Vinicio Castillo.
También, al ministro de Hacienda, Simón Lizardo Amézquita; al tesorero nacional, Alberto Perdomo, y al propio Ng Cortiñas, en su calidad de contralor general de la República.
