Después de la funesta sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, las miradas de la comunidad internacional no se apartan de República Dominicana. Pero, antes que evitarlas, tal parece que por aquí se siente una gran gozo en atraerlas con acciones que enriquecen el discurso del odio. Es precisamente esa atmósfera la que ha generado tanta perturbación sobre el caso del limpiabotas haitiano de 22 años de edad encontrado ahorcado en un parque de Santiago, un crimen que, pese a sus connotaciones, pudo se resultado de la delincuencia común.
Sin embargo, la saña y exposición del cadáver en un lugar público tienen todas las características de que con el crimen de Jean Claude Harry se quiso enviar un mensaje, aun fuere para despistar a los investigadores. Por el exacerbado odio propagado contra los inmigrantes de la vecina nación, el suceso, sin que nadie se llame a engaño, constituye uno de los más arduos desafíos para el país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, ha reconocido la presencia de sectores que promueven la quema de banderas y otros hechos violentos contra inmigrantes haitianos con el propósito, según él, de dañar las relaciones entre ambos países. Podrá ser mera coincidencia, pero no deja de llamar la atención que un día antes de que se encontrara el cadáver de Harry, en Los Ciruelitos, Santiago, habían incendiado una bandera durante una protesta contra nacionales procedentes del vecino país residentes en la ciudad. La cadena de sucesos, que entre sus eslabones tiene la agresión contra estudiantes que rendían homenaje al héroe de la abolición de la esclavitud y uno de los padres de su independencia, Jean Jacques Dessalines, es interminable.
Todos esos sucesos han confluido para que el Gobierno de Michel Martelly, tras calificar el suceso como un acto de barbarie, lo concatenara con el robo “a plena luz del día”, ocurrido seis días antes, en la residencia del embajador Friz Cinéas “en un contexto caracterizado particularmente por una campaña antihaitiana y abusivas repatriaciones de migrantes haitianos en situación irregular en República Dominicana”.
El crimen ha sido demasiado atroz como para que los responsables queden sin pagar las consecuencias. Establecer responsabilidades –como dijo el canciller Navarro- redundaría en beneficio del país, porque demostraría respeto al Estado de derecho y eficiencia en su sistema de investigación. Ese es el gran desafío que tienen las autoridades para despejar la atmósfera. Nadie que tenga dos dedos de frente ignora que si hay odio contra los dominicanos que no hacen coro a determinados causas, más lo hay contra los inmigrantes haitianos.
