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Iliquidez de acusados estanca caso Peravia

Iliquidez de acusados estanca caso Peravia

Los acuerdos que negocia la Fiscalía del Distrito Nacional con los imputados del caso Peravia están paralizados porque los imputados alegan que no tienen la partida de dinero líquido para resarcir a las víctimas, revelaron hoy representantes de querellantes e imputados.

Las partes no se han puesto de acuerdo porque la Fiscalía está solicitando a la familia Serret la devolución de 500 millones de pesos y ellos solo ofertan 300 millones en bienes.

“Los acuerdos con los imputados del caso Peravia están ahora mismo detenidos, porque los imputados no tienen recursos efectivos para resarcir a las víctimas”, precisó César Amadeo Peralta, representante de un grupo de empresarios venezolanos estafados en la quebrada entidad

La fiscal Yeni Berenice Reynoso dijo ayer que estudia con los querellantes algunas propuestas que se han presentado.
“Todavía no hay acuerdo concretizado, hay varias propuestas que la fiscalía estudia con los querellantes”, precisó.

Defensa

El abogado de seis imputados de la familia Serret, Zacarías Payano, explicó esta mañana que todavía no se han puesto de acuerdo en cuanto a la pena y los bienes que solicitará el Ministerio Público, porque los encartados no tienen el dinero que solicita el órgano acusador.

“Ellos no tienen dinero y sus bienes están en poder el Ministerio Público. Los cuartos se los llevaron Santoro y Jiménez Aray. Esa gente no tiene ni con que comer, la familia está pasando necesidad. Todas las cuentecitas bancarias están intervenidas y todos los bienes los tiene el Ministerio Público”, declaró Payano.

Añadió que en diciembre los acusados de la familia Serret cumplen su prisión preventiva impuesta de un año y seis meses, por lo que entienden que deben ser puestos en libertad de conformidad con el artículo 261 del Código Procesal Penal, con o sin medida de coerción.

Dijo que el acuerdo entre las partes sería a pena cumplida, es decir que los encartados que llevan un año y seis meses de prisión sean puestos en libertad.

En los acuerdos la Fiscalía negociaba una condena de cinco años de prisión condicional y la defensa planteó prisión cumplida, con el alegato de que sus clientes tienen un año y seis meses presos.

El acuerdo a través de un juicio penal abreviado establecería la suspensión de parte del cumplimiento de la pena a imponer a cambio de devolución de bienes y la admisión de los hechos.

Domingo Berigüete

Periodista especializado en prensa jurídica y eléctrica