Cuando se busca en la historia dominicana un referente de gobierno honesto, se piensa en la administración que encabezó Juan Bosch. Igualmente, cuando se habla de avances constitucionales, de promoción de las libertades públicas y los derechos sociales, se cita como referencia obligada la Constitución de 1963.
Si se analiza a profundidad el alcance de la Carta Magna que impulsó y promulgó Bosch, se debe concluir en que por primera vez en nuestro país se llevó a cabo una reforma constitucional inspirada únicamente en el bienestar y el desarrollo del pueblo y no en un proyecto político particular.
Hasta la primera Constitución de la nación dominicana fue desvirtuada en sus esencias por Pedro Santana y los grupos conservadores, excluyendo a los líderes liberales y democráticos de la Independencia Nacional.
Desde aquel período, reiteramos, las reformas constitucionales que se han llevado a cabo han servido fundamentalmente para impulsar aspiraciones presidenciales y para imponer modelos de gobierno centralizados en la figura de un dictador, caudillo o déspota ilustrado.
De ahí el gigantismo de las instituciones del Poder Ejecutivo, todavía vigente, la hipertrofia burocrática, el clientelismo, la falta de institucionalidad y Estado de Derecho, y el predominio de las doctrinas ultraconservadoras.
Juan Bosch, justo es reconocerle esa gloria histórica, intentó fundar una nación democrática distinta a la que predominó antes y durante la dictadura de Trujillo. Y diseñó una Constitución que creaba las bases de una sociedad libre e institucionalizada, pero a la vez solidaria y con justicia social.
Aquella reforma consignó, entre otros derechos e instituciones, la libertad de cultos, de asociación y sindical, la carrera administrativa y judicial, y la prohibición del latifundio y los monopolios. Al mismo tiempo, introducía la prevaricación en el texto sustantivo, potenciaba las facultades de los poderes legislativo y judicial, y prohibía la reelección presidencial.
Este último punto, la prohibición de la reelección presidencial, constituye un acto sin precedentes por parte de un Presidente de la República, y demuestra la auténtica vocación democrática y patriótica de Juan Bosch.
Lo que ha ocurrido luego del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 pudiera considerarse como el proceso de involución del constitucionalismo dominicano. La reforma constitucional de 1966 vino a eliminar una gran parte de cuanto se había conquistado en el gobierno de Bosch.
Los principios democráticos liberales fueron desconocidos para dar paso al continuismo presidencial y al asistencialismo y populismo de Estado. No ha habido desde entonces un proyecto de nación definido y continuo.
Ante un Estado que ha operado al servicio de los grupos que gobiernan y de los sectores conservadores, y no al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas, es aleccionador recordar los principios que se establecieron en 1963, así como en la Constitución de Moca en 1858.
La sociedad se ha creado grandes expectativas respecto del proyecto de reforma constitucional que se conoce actualmente, pero resulta frustrante observar que se desaprovecha una magnífica oportunidad para sentar las bases de un sistema político transparente, abierto y participativo que respete el Estado de Derecho, las prerrogativas ciudadanas y el ordenamiento jurídico.
Así, al tiempo que se planea insertar en la Ley Sustantiva los Derechos Humanos de última generación, se pretende desconocer la trascendencia de crear un Tribunal de Garantías Constitucionales independiente y especializado que garantice una verdadera justicia constitucional, tal como ocurre en la mayoría de las naciones democráticas e institucionalizadas.
Muchos otros reclamos institucionales parece que también quedarán excluidos nueva vez, como serían la unificación de las elecciones presidenciales y congresionales y municipales en un mismo año; la independencia definitiva del Ministerio Público; el fortalecimiento y racionalización de organismos como las Fuerzas Armadas, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y el Banco Central, así como el reforzamiento de las facultades fiscalizadoras del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República. En suma, es probable que se apruebe una Constitución liberal en la enunciación de derechos, pero muy conservadora en los mecanismos para garantizarlos y protegerlos.
