El juez José Alejandro Vargas impuso impedimento de salida y presentación periódica a un empresario y a un alguacil acusados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de falsificación de documentos para levantar embargos retentivos, con el interés de evadir el pago de impuestos.
La medida de coerción es contra el empresario Alvin Emilio Jiménez Fernández y Luisa María Capusano, alguacil ordinaria de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo.
La acusación refiere que el 22 de noviembre del pasado mes Ubaldo Trinidad Cordero y Daneiri Boitel, ambos abogados de la DGII, el primero en calidad de ejecutor administrativo y la segunda de abogada apoderada, denunciaron ante el fiscal para asuntos de la DGII, que el contribuyente Don Metal SRL, representado por Saury Antonio Mota Ramírez notificó mediante acto el levantamiento de la medida conservatoria de embargo retentivo trabado por la DGII, mediante actos falsificados, donde la institución supuestamente ordenaba el levantamiento de la medida.
