El caso de Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo ilustra la otra cara de la misma moneda que afecta de manera fundamental el rol del Ministerio Público en la República Dominicana. La subordinación ante el Poder Ejecutivo del ente llamado a coordinar la política de investigación criminal del país ineludiblemente genera conflictos de índole política en un espacio llamado a ser totalmente técnico e independiente. Lamentablemente la solución a este problema es de rango constitucional por lo que esta podría no llegar en un buen tiempo, si acaso algún día.

Bajo el actual orden de las cosas, la investigación de dos periodistas como lo son los señores Alcántara y Martínez Pozo, que abiertamente mantienen una relación cercana con el partido de gobierno, es sensiblemente complicado para el Ministerio Público. Aún si la investigación tiene fundamentos legítimos, la misma no sólo va acarrear consecuencias directas de relaciones públicas para el Poder Ejecutivo, sino que la misma queda expuesta a toda clase de ataques mediáticos y partidistas que no tendrán ninguna consideración o valor sobre cualquier hecho de relevancia legal que el Ministerio Público busque demostrar.

En efecto, el Ministerio Público queda en una posición de palo si boga y palo si no boga en cualquier caso que pueda tener implicaciones políticas, ineludiblemente afectando su más importante activo que es su credibilidad frente a la población. Esto también afecta al Poder Ejecutivo y muy especialmente al partido político que lo encabece, indistintamente de sus verdaderas intenciones respecto de la ejecución de las políticas contra la criminalidad desde el Estado.

En nuestro país simplemente no es sostenible mantener el Ministerio Público como un ente subordinado del Poder Ejecutivo, ya que esta es una fuente inherente de desconfianza de sus acciones, indistintamente de las intenciones de los gobernantes de turno. Aún en los países desarrollados donde el equivalente al Ministerio Público está directamente subordinado al Poder Ejecutivo, estos dependen de sus fortalezas institucionales (que República Dominicana no tiene) para mantener la independencia de este ente y hacerle un actor creíble en las investigaciones criminales con repercusiones políticas.

Hoy por hoy resulta más evidente que en República Dominicana mantener el control sobre las políticas criminales del Estado, más que un activo para el Poder Ejecutivo, este resulta en un caldo de riesgos de contingencias políticas para los gobernantes de turno, y que todos, desde el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el mismo Ministerio Público se benefician más de un proceso que desvincule los nombramientos de los Procuradores de algún poder del Estado hacia un proceso más centrado en el desarrollo de la carrera dentro del Ministerio Público y a fortalecer la profesionalización y la vocación tecnócrata de nuestros fiscales.