Es un error el llamar al desarme a la población por parte del Ministerio de Interior y Policía, ya lo han hechos otros sectores y en diciembre 2010 lo repetía el Procurador General de la República.
Es bien sabido que no se toma en cuenta la opinión de la gente, por lo que no entendemos a que se deben estos clichés publicitarios, si es su obligación, es lo que juran y mandan las leyes, cumplir y hacer cumplir la ley, la constitución y los acuerdos internacionales. Sin embargo, constantemente escuchamos diferentes anuncios a través de diferentes medios, por parte de las autoridades, para tal o cual acción que está contenida en sus responsabilidades, como si desconocieran su misión o la olvidaran, y de repente recordaran cual es su papel.
Definitivamente nuestras autoridades son muy caras y es evidente que no cumplen, están invertidos los roles del Estado, con relación a la responsabilidad para garantizar los derechos y libertades, resaltando lo más prioritario: la vida, la dignidad humana y las necesidades básicas de toda la población.
Así también corresponde prevenir, regular y contralar lo referente a las armas, tal como manda la ley 36 es obligación, es responsabilidad por parte de las autoridades del estado la incautación y sometimiento a la justicia por el porte, tenencia de armas ilegales y el tráfico de las mismas, también por la violación a la ley general de aduanas la importación o introducción de armas por canales ilegales e irregulares, no entendemos entonces qué persiguen las autoridades, por lo que cabe preguntarse.
¿Quiénes serian los más beneficiados con una medida de desarme?
¿Beneficiará realmente a los ciudadanos?
¿Por qué y para qué este llamado de desarme?
¿A quiénes realmente quieren desarmar las autoridades?
¿Cuál es la intención real del Estado cuando habla del desarme de la población?
¿Dónde están las armas del caso de aduanas en Santiago y por qué siguen sueltos los acusados?
¿Por qué no se sometió al señor Carim Abu Naba por el uso de armas de guerras?
Les invito a reflexión, haciendo este ejercio de dar respuestas.
Los ciudadanos que pagan el porte y tenencia de armas de fuego deben tener la garantía de ese derecho respaldado y regulado adecuadamente, sin que esto traiga riesgo a los demás ciudadanos que no la portan.
Defiendo cabalmente una política de cero armas por parte de la población, pero frente a la ausencia de instituciones capaces de garantizar el uso y tenencia de arma de fuego, y sin la más mínima muestra por parte del Estado dominicano de tener las condiciones y voluntad para organizar a la sociedad dominicana, frente al fracaso en la prevención, el control y la persecución del crimen. Dejan y han provocado que los ciudadanos crean imprescindibles cuidarse por ellos mismo.
¿Quién nos cuidará de los abusadores, de los delincuentes, criminales armados y de todos los que poseen armas ilegales y de guerra?
La violencia no se previene ni se elimina recogiendo las armas de fuego; sólo el fomento de la educación, la cultura y el respeto a la vida y a la humanidad de todos (inclusive la de nuestros enemigos) no salvaría. Al paso que vamos, terminaremos picándonos a machetazos. ¿Vamos a comenzar a recoger machetes?, Keysi Montás.
