Hoy quiero referirme a la sorpresiva retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, y de acuerdo a las declaraciones del ministro de Interior, uno de los principales creadores, quien afirma que el mismo estuvo consensuado con todos los sectores, lo que muestra no ser cierto y extraña que sin dar explicación alguna fuera recogido. Este hecho ha dado paso a muchas especulaciones, de las cuales no me acojo a ninguna, pero lo cierto es que luego de haber analizado dicha pieza, recomiendo que independientemente de que cualquier sector influyente motivara esta situación, es atinado hacer una revisión de fondo y de forma en todas sus partes, para corregir contradicciones y confusiones.
En cuanto al fondo del anteproyecto debo observar que el mismo tiene como principal debilidad la ausencia de propuestas tendentes a mejorar y fortalecer la calidad de vida de los policías, motivando una escala salarial digna acorde a la canasta familiar y los estándares de pagos de la región, incluyendo transporte, comida, medicina, instalaciones deportivas y de recreación; reconociendo sobre todo que la profesión policial es la de mayor riesgo de la administración pública, independientemente de los males que le embargan.
Los policías han sido fuertemente maltratados mediante salarios de miseria que no les permiten subsistir, lo cual constituye una violación al articulo 62, acápite 9 de la Constitución de la República, que dispone lo siguiente: 9) Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Reitero, la profesión policial es la de mayor riesgo del Estado.
Por otro lado es cuestionable que el documento en mención no propone una depuración estricta del cuerpo policial, de las fortunas y de los bienes de policías activos y en retiro que en la mayoría de los casos han obtenido esas riquezas fruto de un desempeño cuestionable y corrupto, tampoco se establece un límite al número de generales.
Ningún plan tendrá éxito sin control o proscripción de la corrupción y la impunidad.
Las sociedades como las instituciones y las leyes deben avanzar, evolucionar e ir adaptándose a esos cambios, la Republica Dominicana, al parecer, se ha mantenido suspendida en el tiempo en cuanto a la evolución del Estado y sus instituciones, siendo la policía parte de esto es fácil darse cuenta de esta realidad, pues, desde el mismo momento de su nacimiento en 1936, hasta hoy, en la Policía Nacional permanecen los mismos métodos en cada una de sus actuaciones, de improvisación a inmediatismos; y en cuanto a la disciplina, la ética, la imagen, las herramientas y sus mismas estructuras estamos peor, han ido en decadencia y se han deteriorado significativamente.
Toda esta crisis a lo interno de la institución policial incrementa cada vez más el deterioro de la seguridad ciudadana. El Gobierno debe valorar el impacto y la necesidad de dotar a la nación dominicana de una Policía profesional, bien pagada, motivada y comprometida con el desarrollo y con el mismo sistema democrático que tantas injusticias y discriminación comete en contra de ella.
