Actúa siempre de tal manera que tu conducta pudiera servir de principio a una ley universal. (Immanuel Kant).
Sin duda alguna, la corrupción es uno de los principales males de la humanidad. Bien dice la organización Transparencia Internacional que la corrupción es un problema global que afecta a la vida personal, política y económica de los pueblos, dicha organización, afirma que el desfase en los niveles de percepción de la corrupción en países ricos y pobres se muestra más amplio que nunca.
Cabe destacar que Transparencia Internacional es la única organización mundial sin fines de lucro dedicada completamente a la lucha contra la corrupción.
Reconocer que la corrupción, el crimen, la violencia, la delincuencia, surgen con el hombre mismo, nos pone al tanto de lo complejo de estos males. Desde los principios del siglo pasado hacia atrás existía un balance equilibrado, fruto de la fortaleza de principios y valores éticos que se convertía en una fuerza de contrapeso y control a lo incorrecto, a las malas conductas.
En los últimos años estamos decreciendo en las normas éticas y morales, pues en la investigación hecha por Transparencia Internacional, la República Dominicana ocupa una puntuación de 2.6 en el último informe en torno al índice de percepción de la corrupción, empeora al ser colocada en la posición número 129 de 178 países, en una escala de cero a diez, donde el cero indica altos niveles de corrupción percibida y el diez, niveles bajos.
Es deplorable que el año pasado el país ocupó el puesto 101 y en el correspondiente al 2011 en el puesto 129, es la peor puntuación obtenida (por República Dominicana) desde que comenzó a ser incluida en este estudio en el año 2001.
Con relación a este tema en el país se ha legislado en dos ocasiones sobre la ética y conducta de los funcionarios. La primera ley surgió al adherirnos al Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que establece la resolución 34 -169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que ratificamos con la Ley 672 del 19 de julio de 1982 y más recientemente en el 2001 con la ley 120-01 que establece el Código de Ética del Servidor Público.
Nos llena de preocupación que los funcionarios públicos, especialmente los jueces, fiscales y policías dejen de lado la aplicación de estas normativas, hecho que abre paso a la anomia y la desestabilización social.
La aplicación de la deontología, que se define como el estudio de los fundamentos del deber y las normas morales, se hace imprescindible como cura a la terrible afectación ética que está viviendo la sociedad dominicana.
La Organización de las Naciones Unidas define a los actores del sistema de justicia, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y como tales, están llamados a dar el ejemplo, a ser probos en el desempeño de sus funciones, siendo su esencia la garantía del estado de derechos y el respeto a toda ley para hacer prevalecer el orden social, sirviendo de contrapeso y equilibrio en el desarrollo sano de toda sociedad. Sólo por la educación se pueden formar hombres y mujeres de bien. La justicia y la ética, son la garantía para lograrlo.
