SANTIAGO. La Cámara de Comercio y Producción de esta ciudad inauguró anoche la vigésimo quinta versión de Expo Cibao 2012, en una ceremonia donde María Victoria Menicucci Mella, presidenta de la entidad, al pronunciar un discurso consideró que la reforma fiscal integral que podría implementar el gobierno, no debe afectar la industria nacional ni la competitividad de las zonas francas.
Tras estimar que actuar de esa manera sería matar la gallina de los huevos de oro, la dirigente empresarial señaló que la realidad aconseja el incentivo de la creación de riquezas que puedan luego aportar al Estado y que antes de cualquier cambio, se analicen las condiciones de los principales competidores a nivel mundial.
Dijo que para ello se debe contar con seguridad jurídica que proteja las inversiones y que garantice los negocios, en especial en áreas como el transporte de carga y pasajeros, la propiedad inmobiliaria, reglas transparentes en aplicación de leyes de incentivos y que se impida la competencia desleal.
En otra parte de su exposición, la señora Menicucci Mella estimó que es necesaria una evaluación del nivel de inversión pública en la región del Cibao, en el entendido de que actualmente no guarda ningún tipo de relación con los aportes al Producto Interno Bruto y las contribuciones que hacemos al fisco, lo que no se recibe a cambio.
Opinó que una política clara de relanzamiento del destino turístico regional contribuiría a dinamizar las inversiones y el consumo privado.
La feria tiene como lema innovación, producción y comercio, y su apertura se realizó en La Barranquita, donde expondrán 200 en 400 módulos.
En representación del sector empresarial agotó un turno Miguel Lama Rodríguez, presidente de la Zona Franca Industrial de Santiago, quien valoró la solidaridad de los empresarios y todos los sectores de Santiago y la región, al aportar más del 20 por ciento de los recursos que nutren el presupuesto público.
En tal sentido, sugirió una inversión estatal inicialmente de un 6 por ciento anual en la zona Norte ya que estaría más acorde a la ley 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo y permitiría que en Santiago y la región se crearan miles de empleos formales, reduciendo los niveles de violencia y asegurando en menos de un año estar libres de analfabetismo.
