SANTO DOMINGO.- La defensa del empresario del transporte Arsenio Quevedo, quien fue descargado junto a otros dos imputados por la falta de prueba de la acusación de integrar una red de sicariato que mató en el 2015 dos chóferes por disputa de ruta, interpuso este jueves un recurso de habeas corpus por el desacato a la orden judicial que ordenó su inmediata puesta en libertad.
El abogado Francisco Benzán, representante de Quevedo, solicitó al presidente de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andujar Sánchez, que fije la audiencia en la que se demandará la inmediata puesta en libertad de su cliente.
El jurista calificó de lesivo al sistema de justicia que el Ministerio Público desacate una orden judicial, ya que la sentencia establecía la inmediata ejecución de la puesta en libertad de los acusados beneficiados con la decisión.
Ayer la defensa del encartado intimó a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República para que ejecuten de inmediato la sentencia.
La fiscal Yeni Berenice Reynoso informó que apelará la sentencia, ya que a su juicio no fueron valoradas algunas pruebas que habían sido admitidas por el tribunal.
El martes el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió por falta de pruebas al dirigente sindical Arsenio Quevedo y al ex regidor Erickson de los Santos Solís, acusados de encabezar una banda de sicarios que provocó la muerte a tres chóferes enero de 2015.
En tanto que en el caso de los implicados Amaury Cabrera Martínez y Danilo Octavio Reynoso, el tribunal dictó 30 años de prisión y el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas.
La decisión fue adoptada luego de más de dos horas de presentación de parte de las pruebas que sirvieron de base para sustentar las acusaciones en contra de los imputados, incluyendo aquellas que fueron descartadas durante el proceso.
Durante la presentación de las pruebas, las juezas criticaron el procedimiento del Ministerio Público en varios casos en el que presentaron pruebas, entre estos el hecho de presentar un mapeo de la llamada que realizó De los Santos Solías a Arsino Quevedo para recibir el mandato de ejecución de las personas, y no la conversación en sí.
El grupo guardaba prisión preventiva tras ser acusado de la muerte de los choferes Ángel Javier, Overny Guerrero y Mateo de Jesús Nieves, en dos hechos ocurridos el 14 y el 17 de enero del 2015.
