La delincuencia sigue creciendo, gracias a las decisiones de algunos jueces que benefician a imputados de homicidio y narcotráfico, por las brechas del Código Procesal Penal. La Suprema Corte de Justicia ha destituido a los autores de algunas sentencias atroces. Ojalá esto constituya una señal para los demás jueces.
El presidente de la Suprema, Mariano Germán, y el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, se han pronunciado. El primero hizo una advertencia a los jueces inferiores y el segundo asumió su rol de impugnar decisiones que ponen en la calle a confesos delincuentes.
Los jueces destituidos en Santiago tienen el respaldo de una asociación de abogados, la cual alega que actuaron dentro de su facultad jurisdiccional. ¿Acaso esa asociación afirma que los jueces han actuado dentro de lo que estipula el artículo 226 del Código Procesal Penal?
Los jueces hablan por sentencias. Una magistrada que ordenó liberar a una persona que confesó haber violado la Ley de Lavado de Activos, defendió públicamente su decisión sin esperar que venciera el plazo del recurso de apelación. Ningún juez debe mostrar interés en los expedientes que falla.
En cada tribunal debería haber un cuadro donde estén escritas con letras indelebles las siguientes palabras del presidente de la Suprema:
Cuando un juez se equivoca, el error es suyo, pero lamentablemente se convierte en ley del país; por lo tanto, es un error del país en el momento de elegir al juez. Todo juez debe tener intenciones puras, honestidad de juicio e independencia de criterio, sin lo cuales su función no tiene razón de ser. Solo los Estados en los cuales se hace verdadera justicia son Estados verdaderamente fuertes, porque es la fe popular en la justicia la que legitima al Estado. Sin fe en la justicia, todo Estado será siempre débil.
