Las protestas pacíficas y ordenadas es un derecho constitucional de los dominicanos, y en la actual coyuntura razones hay de sobre para la misma. Sin embargo, hay que procurar que la presencia política no termine por contaminar este tipo de actividad.
Los organizadores deben tomar en cuenta que no todos estarán de acuerdo con ellos y que por tanto deben respetar el derecho de los demás.
El anuncio de notables líderes de la oposición política en la actividad no le sumaría nada, ya que una caminata con estos objetivos debe procurar el favor de todos los sectores de la sociedad, incluyendo las bases de los partidos, pero no la dirigencia.
También deben valorar que la participación de dirigentes políticos en la organización o encabezando la protesta pondría de manifiesto los fines políticos partidistas de la misma y se apartaría del objetivo fundamental, que es reclamar el cese de la impunidad.
La caminata debe ser sin protagonismo político, para que tenga el respeto de la sociedad.
También la caminata verde tiene por objeto presionar para que las investigaciones en los casos de sobornos pagados en la compra de los aviones Tucano y por Odebrecht para la obtención de obras del Estado se lleve hasta las últimas consecuencias y que el pueblo pueda recuperar a través del Gobierno los más de 100 millones de dólares que implican las dos acciones.
Comerciantes, empresarios, y por supuestos funcionarios gubernamentales, han exhortado a la prudencia a los participantes en la actividad, prudencia que debe ser extensiva a los miembros de las fuerzas públicas que de seguro estarán presentes durante todo el recorrido de la marcha.
La mejor forma del Gobierno responder a esta actividad no debe ser con represión sino dando curso con transparencia a las investigaciones que se llevan a cabo en el caso de los sobornos de Odebrecht, más que nada la gente reclama consecuencias a los responsables de dolo.
Claro, a los responsables reales, sin que usen chivos expiatorios, y en eso podría contribuir la comisión designada por Danilo Medina para indagar el proceso de licitación de las plantas de Punta Catalina.
