La joya de la corona de este heroico pueblo de América que, desde el 1 de diciembre de 1821, con su primera proclama de independencia mostraba su vocación soberana, es el blindaje de su Registro Civil que organizaciones civiles washingtonianas eslabonadas con el lobby haitiano se han propuesto vulnerar de cualquier forma. Las medidas adoptadas contra el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, son una mera advertencia de lo que pudiera esperar a un servidor público que se aferre a defender el derecho de su país a regular sus asuntos migratorios y establecer los parámetros para otorgamiento de la nacionalidad.
Desde el 23 de septiembre del 2013, hay una mentira que se ha esparcido por todo el globo terráqueo para proyectarnos como un país violador de los derechos humanos, entre los que está el derecho a una nacionalidad, porque en esencia se dejó muy claro algo que nuestras Constituciones han reiterado desde el año desde 1929: permanencia ilegal en territorio dominicano, no transfiere derecho a nacionalidad, pero nunca fue intención la de producir una crisis humanitaria.
Cuando a la reclamante señora Juliana Deguis se le precisó que no tenía derecho a la nacionalidad dominicana, no se le mandó a expulsar, por el contrario se ordenó que la Junta Central Electoral le entregara su cédula de identidad, y se emplazó al Estado procurar desde las raíces más profundas una solución a todos los casos que pudieran tener similitud, precisamente por un compromiso con las convenciones internacionales de las que somos signatarios.
De ahí surgieron beneficios como el de una auditoría del Registro Civil para determinar la cantidad de personas que pudieran ser perjudicados frente algún reclamo en los tribunales por carecer del derecho a la nacionalidad dominicana, pese a haber nacido y desarrollado su vida en el país, ordenando que se propiciara una salida satisfactoria en esos casos en la que prevaleciera la solidaridad.
Mejor salida no la ha producido país alguno, una ley ampliamente consensuada, la 169-14 que estableció un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscriptas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización, es decir, para el que estaba asentado, nacionalidad dominicana inmediatamente, y para los que residían sin haberse inscrito, un plan de regularización costeado 100% por el Estado dominicano.
Si la regularización ha acusado retrasos y posposiciones ha sido por la falta de colaboración de las autoridades haitianas que han hecho muy poco para documentar a sus ciudadanos para darles la base de identidad que les permita llenar los requisitos de la regularización, porque en ninguna parte del mundo se legalizan fantasmas.
El encono que experimentan algunas ONG internacionales y sus vinculadas locales, no es porque en nuestro país se estén violando los derechos de nadie, sino porque quisieran disponer a su antojo del Registro Civil del país para asentar en él sin ninguna limitación a miles de personas con la expresa finalidad de crear una minoría étnica con una capacidad de presión tal que el colapso del Estado haitiano le sea facturado al dominicano.
Con el paquete de medidas que adoptó el Estado después de la sentencia 168-13, dominicana asumió su amplia cuota de responsabilidad al proteger a todo el que tenía un historial de vida en el país, pero, como nación soberana, blindó su Registro Civil cerrando la brecha de incorporaciones ilegales.
