Antes, las ofensas se dirimían en el campo del honor. En un duelo a muerte, con espada o revólver. La civilización terminó con esa salvajada al poner en manos de la justicia el atentado a la honra. Pero, con la sentencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia al dejar sin efecto ni objeto la demanda interpuesta por el expresidente Hipólito Mejía contra el senador Wilton Guerrero, parece que ya la honra no cuenta como patrimonio. Se puede manchar sin el menor riesgo. No se trata, ni más ni menos, de la estela que ha dejado la sentencia del magistrado Mariano Germán Mejía.
En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento se comprende y justifica al pie de la letra. Los artículos 14 y 49 de la Constitución consignan que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. Hasta ahí está claro que el director de El Caribe no tenía por qué responder del supuesto delito por difamación e injuria que motivó la demanda de Mejía contra el senador por Peravia.
La interrogante se plantea en cuanto a la anulación del delito de infamación e injuria. Al margen de la deriva personal que significa la condena al excandidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de los gastos procesales.
No está del todo claro si, en base a la decisión de Germán Mejía, se podrá manchar la honra de cualquier ciudadano sin riesgo de ser procesado por difamación ni injuria. Si en lugar de decir que Hipólito Mejía viajó a Sinaloa, México, con el piloto del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el legislador lo hubiera acusado de pertenecer a unos de los cárteles tampoco tendría consecuencias legales. Que se anulara la querella contra el senador es lo que realmente hace pensar que para el presidente de la Suprema Corte de Justicia el honor no cuenta. Sin excepción. Y que para defenderlo haya que batirse, como en los viejos tiempos, en un duelo a muerte
