Los reclamos de mayor transparencia en el financiamiento privado que reciben los candidatos suelen ser percibidos por los políticos como persecución o limitación a su propio financiamento. Sin embargo, la amarga experiencia que ha venido viviendo el ingeniero Miguel Vargas pudiera servir de lección para la clase política: la transparencia opera en su propio beneficio.
Que este caso sea cierto o no, o que el dinero se hubiera recibido con conocimiento de la fuente o no, no es relevante en el cuadro más amplio. Lo importante es que estamos ante la muy probable realidad de que la mayoría de los que han sido candidatos, en algún momento hayan recibido dinero del narcotráfico para campaña. Puede que luego de la experiencia de Vargas, nuestros políticos sean capaces de comprender la gravedad del problema.
La Ley Contra el Lavado de Activos vigente y su reglamento están llenos de agujeros, especialmente para los sujetos obligados que no sean bancos, por lo que no ofrece muchas opciones para evitar lo sucedido con el presidente del PRD, pero no es algo insalvable. El artículo 13 del reglamento faculta a cualquier autoridad competente que supervise cualquier sector a tomar las medidas prudenciales necesarias para evitar el lavado de activos. La falta de voluntad de los partidos se ha traducido en falta de interés de la Junta Central Electoral de ejercer una autoridad para la cual luce estar legalmente capacitada.
Como la vía institucional implicaría un proceso que tomaría meses para, tanto la JCE como los partidos, crear estructuras funcionales de cumplimiento a la ley, otra vía práctica a la que de manera temporal pudieran recurrir nuestros políticos es rehusar donaciones en efectivo o en especie que excedan los $10,000 dólares y solicitar que las mismas se realicen con un cheque de administración o a través de un financiamiento bancario. De esta forma se auxilian del sistema de cumplimiento que ya opera de manera efectiva en nuestra banca.
Aún dentro de un sistema eficiente de control de transacciones, sigue siendo difícil evitar que entre dinero de actividades ilícitas, sin embargo, tener uno mitiga el impacto en la reputación y despeja de toda sospecha a aquellos sujetos obligados que cumplieron con lo establecido. Hoy fuera muy distinto el impacto político de lo ocurrido con Vargas, si este pudiera mostrar cheques respaldando cada una de las donaciones para su campaña indicando que los mecanismos de control del lavado de activos del Estado no dieron señales de alerta en su momento, despejando cualquier duda de mala fe de su parte y cerrando este episodio.
En el 2002 se creó una ley contra el lavado de activos que en su corazón buscaba proteger a la banca de un importante riesgo reputacional. Hoy el problema no se limita a la banca, afecta a toda la sociedad, al político, al empresario y hasta a la familia que busca vender su apartamento. Ojalá esta lección sea bien aprendida, para nuestro propio bien.
