La historia de los gobiernos del PLD, que debe ser la fuente principal para hacer evaluaciones y arribar a conclusiones, pone de manifiesto una enraizada vocación por un ejercicio hegemónico del poder.

Abundan los ejemplos de decisiones de altísima connotación política asumidas bajo la convicción de propiciar un control absoluto sobre las instituciones fundamentales del Estado, lo cual se ha logrado por una multiplicad de factores, dentro de los cuales, la torpeza antológica de la oposición ha jugado papel de primer orden.

En ese trayecto de construcción de predominio, Leonel Fernández transmutó desde advertir sobre los riesgos que implica para la democracia el control del congreso por un partido político, hasta volcar todas las posibilidades del erario en torno al propósito de controlar ese poder público, el judicial y los organismos de fiscalización del uso dado al patrimonio nacional.

En el caso del actual primer mandatario, bastaría recordar su legendaria expresión “quiero mi congreso”, olvidando que si alguna función trascendente tiene ese organismo es ser contrapeso del ejecutivo. No sobra agregar que ese anhelo fue concretizado con el incremento habitual del déficit fiscal en períodos electorales.

En ese contexto de práctica gubernamental avasallante, resultaba una ingenuidad suponer que el gobierno del PLD y su figura cimera iban a permitir que se estructurara una entidad tan decisiva como la JCE sin asegurarse de que la misma garantizara la defensa de sus intereses políticos.

Una vez más, el PLD y el presidente han dado cátedra de habilidad en el manejo de asuntos políticamente sensitivos. Nadie debe dudar que el presidente fue factor decisivo en la composición del organismo, pero siempre se cuidó de proyectar la imagen de que respetaba la separación de poderes, táctica que tuvo su clímax con el hecho de permitir la integración de una comisión partidaria presidida por su adversario interno, consciente de que cuando eso se hizo todo estaba consumado a partir de las directrices que él había aprobado.

¿Qué otra cosa que no sea asegurar la incondicionalidad de la JCE podría significar la designación de los señores Henry Mejía y Rosario Graciano, dos personas comprometidas, sin espacios para fallar, con el estamento político dominante?
No obstante, el quórum para la toma de decisiones es tres, por lo que falta un voto para alcanzarlo.

El tiempo revelará si los temores son infundados, o si trayectorias bien ponderadas decidieron sucumbir ante la magia seductora del poder. No estoy optimista.