Un experimentado político se me acercó recientemente para decirme que lo que motivó la ley que deja sin nacionalidad a medio millón de dominico-haitianos no fue el racismo, sino un fino y calculado atentado contra el entonces PRD, hoy PRM.
“Por las encuestas, el PLD sabía que esa población siempre votaba por el PRD, principalmente porque se identificaba con Peña Gómez, a quien la mayoría asumía como dominico-haitiano, y por el populismo tradicional de sus dirigentes”.
“Ray Guevara, un negro de origen cocolo, no iba a articular una medida racista que implicara su autonegación. Lo que si podía era impulsar una calculada decisión: quitarle al PRD el voto potencial de cientos de miles de personas, o sea su ventaja electoral”.
Recuerda, me dijo, que como decía Don Juan en política no todo lo que se ve es, algo a recordar en este proceso electoral que se avecina donde en apariencia se enfrentan Danilo y Leonel, y Abinader e Hipólito. Algo así como la escenificada rivalidad entre Vickiana y Olga Lara, que mantenía a sus seguidores no solo enfrentados, sino vivamente interesados en ese falso drama.
La real realidad es que mientras en el Perú Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el segundo presidente que pierde su puesto por el escándalo de la empresa Odebrecht, al igual que otros políticos importantes de la región; y el actual presidente peruano proclama “seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley, vengan de donde vengan y cueste lo que cueste, para lograr tiempos mejores y recuperar la gobernabilidad, confianza de las personas en un marco de respeto de la Constitución nacional y nuestras leyes”, aquí todavía no ha sido condenado uno solo de los acusados de Odebrecht -Dominicana y el presidente Danilo Medina insisten en ignorar el abrupto declive de su popularidad, provocado por esta debacle.
¿Culpa de Medina? No, culpa de las instituciones responsables de hacer cumplir las leyes, hoy sepultureras de la constitucionalidad. Si el Congreso se hubiese hecho eco de la demanda de la Marcha Verde de por lo menos investigar a fondo las denuncias de corrupción e impunidad, vía las donaciones al PLD para su campaña electoral, reportadas por los ejecutivos de la corporación.
Y si, estas investigaciones se hubieran llevado a cabo con el apoyo del mismo Presidente de la República, (quien debería ser el más interesado en clarificar estas denuncias), hoy el escepticismo colectivo no estaría anunciando la real realidad del desplome institucional de la nación dominicana.
